El conseller balear de Turisme, Carlos Delgado, ya tiene sobre la mesa de su despacho la solicitud oficial del Consell para que inicie los trámites para la modificación de la Ley Turística. Dos meses después de que el Govern balear abriese la puerta a la consells insulares para la regulación del alquiler turístico más allá de lo que permite el texto legal aprobado en 2012, el presidente del Consell ya ha anunciado formalmente al Ejecutivo autonómico su intención de dar más cobertura legal a una práctica que el año pasado atrajo a la Isla a más de 312.000 visitantes.
La petición oficial la realizó el pasado jueves el presidente del Consell, Santiago Tadeo, a través de una carta, según informó ayer la máxima institución insular, un día después de que la patronal de la pequeña y mediana empresa de Menorca, PIME, reiterase la necesidad de que Menorca no se cierre a este tipo de segmento vacacional, y con la postura contraria de la Asociación Hotelera de Menorca (ASHOME).
Idiosincrasia de la Isla
El objetivo expresado por Tadeo es el de adaptar la ley a la «idiosincrasia de Menorca», aunque todavía no ha avanzado a qué figuras legales recurrirá para permitir la comercialización de alquileres turísticos, más allá de las viviendas unifamiliares aisladas o adosadas (lo que se permite actualmente).
La ley balear de turismo aprobada en julio del año pasado es muy clara en ese aspecto y Tadeo recordó que «prohibe expresamente la comercialización de estancias en viviendas plurifamiliares o adosadas sometidas a la ley de propiedad horizontal». Ahora el Consell, casi cinco meses después de anunciar su intención de regular el alquiler turístico a través del desarrollo reglamentario de la ley, da el primer paso fundamental para dar mayor cobertura a los particulares, que han visto como la práctica se quedaba sin el amparo legal de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).
Tadeo ya expresó antes del verano su intención de llegar un consenso con los sectores implicados a la hora de pedir este cambio legal, aunque parece claro que las posturas de las dos grandes patronales del sector están muy distantes en este aspecto.
Por su parte, el Govern siempre se ha mostrado partidario de dejar las cosas como están y, en ese sentido, ningún consell insular, a excepción del de Menorca, ha expresado su intención de pedir un cambio en una ley turística que, con apenas un año de vida ya se enfrenta a su primera modificación para flexibilizar las restricciones al alquiler vacacional.
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