El puerto pide un golpe de timón

A falta de que se haga oficial la destitución, su presidente, José María Urrutia, tiene los días contados en el cargo. La apuesta del PP ha cosechado sobre todo decepciones. El capitán será relevado en gran parte por la presión menorquina, harta de su incapacidad de cambiar el rumbo de las políticas de un ente que sigue confrontado a gran parte del sector, que ha decepcionado, por la promesa incumplida de amarres, al Club Marítimo Mahón y que tampoco satisface al Ajuntament de Maó en su intento por dinamizar la vida portuaria.

Apenas se han producido avances en la multitud de frentes abiertos en el puerto y aquí se da una nueva coincidencia: «No se ha avanzado nada en estos dos años y medio e incluso se han complicado más las cosas». La opinión es la que expresan fuentes internas del Ajuntament de Maó, compartida por las dos grandes patronales náuticas, la Asociación Provincial de Empresarios de Actividades Náuticas (Apeam) y la Asociación Menorquina de Empresas Náuticas (Asmen).

Siguen sin ejecutarse las inversiones previstas como la de la nueva Estación Marítima, el vial del Cós Nou y el varadero. El proyecto de dragado sigue parado a la espera de que se pronuncie la Fiscalía de Medio Ambiente, el puerto sigue sin ganar esos amarres sociales a precios razonables que tanto se reclaman y ha quedado en un cajón la idea de potenciar la llegada de cruceros de mayor eslora. Son ejemplos de los muchos deberes que el nuevo presidente se va a encontrar sobre la mesa de su despacho.

La gran reclamación del sector es dar un rumbo nuevo a un puerto que debe olvidarse de las mercancías y de los pasajeros perdidos y enfocarse hacia otras actividades que permitan al sector dar trabajo en el puerto, generar movimiento y alzarse de nuevo como una rada atractiva por lo que ofrece y al precio que lo ofrece.

Así lo entienden las patronales y en ese sentido, el presidente de Asmen, Justo Saura, opina que «el puerto debería reenfocarse hacia la actividad náutico deportiva, hacia un aumento de los usos y no hacia una restricción creciente». Para ello «se debería promocionar que las concesionarias llenasen sus amarres y que, por contra, se habilitasen amarres de cariz social más económicos». En ese sentido coincide plenamente con el representante de Apeam en la Isla, José Ignacio Seguí, quien señala lo que parece una contradicción: «Las concesionarias tienen los amarres al 60%, mientras la APB tiene una lista de espera de 370 amarristas».

Ambos achacan esa situación a los altos precios de las concesionarias y serían partidarios de revisar las concesiones para adecuar esas tarifas a una realidad que ha cambiado: «Están echando a los amarristas de base del puerto», lamenta Seguí, quien además recuerda que Urrutia no ha sido capaz de cambiar una normativa que «absurdamente» prohibe nadar, remar, pescar y navegar a vela en el puerto, generando un «fastidio» que no hace más que separar al puerto de los ciudadanos de Maó.

Una de las grandes críticas vertidas sobre la APB y sobre Urrutia es que no se ha producido un cambio en el modelo de bases de concursos. Se reclama un cambio para que no prime el factor económico: «Ya vemos a donde nos ha llevado», explica Seguí.

Denuncia que la ausencia de espacios públicos para que los emprendedores arranquen negocios relacionados con el mar es un freno al crecimiento: «El lugar idóneo era la ribera norte, el Ajuntament intentó que se cambiasen las bases, pero la APB ha sido inflexible». Precisamente en esa palabra, «flexibilidad» pone el acento Saura, la que le ha faltado a la APB para dar confianza y esperanza al sector menorquín.