El equipo de gobierno del Consell de Menorca ha convocado para esta mañana un pleno urgente para buscar el apoyo de todos los partidos y abrir una nueva vía para afrontar la ejecución de la sentencia sobre Cesgarden. Sobre la mesa está la posibilidad de alcanzar un pacto con los propietarios de los terrenos y pagar la indemnización que les corresponde después de que los tribunales les dieran la razón en un caso que comienza en el año 2003, y les diera derecho a cobrar una indemnización de 16 millones de euros más los intereses de demora, en total unos 23,5 millones de euros.
La propuesta actual pasa por fraccionar la indemnización e ir pagándola durante los próximos diez años. Es la última carta que juega el Consell, y que al parecer sería del agrado de los responsables de Cesgarden. Diez años es mucho menos tiempo que los 32 que había propuesto el propio Consell el pasado mes de julio, una idea que no fue aceptada por los promotores de Cesgarden. La sentencia judicial les da la razón, y en su mano estaba solicitar la ejecución inmediata de la sentencia y, por tanto, el cobro íntegro e inmediato de la indemnización.
El Consell ha asegurado desde el primer momento que no puede hacer frente al pago de esta cantidad, y después de que los promotores rechazaran un convenio urbanístico como alternativa al pago en metálico, ha sacado la calculadora para encontrar la fórmula menos mala para las arcas de la administración.
La propuesta del pago en 32 años también fue rechazada por los titulares de Cesgarden, que respondieron pidiendo el pago en un máximo de cinco años. Ahora, el pacto puede fijarse en diez años.
Esto supondría, por un lado, que el Consell pagaría en total menos dinero que si tuviera que abonar la indemnización en diez, porque evidentemente los intereses bancarios de diferir el pago en 32 años no son los mismos que hacerlo en diez. Los primeros cálculos del equipo de gobierno estiman que con la fórmula a diez años, en total se abonarían a los promotores unos 28 millones de euros, por los 44 que deberían desembolsarse si se pagara en 32 años. El ahorro global sería de unos 16 millones de euros.
Ahora bien, pagar en diez años implica a la vez condicionar de manera más directa los presupuestos de la institución durante los próximos diez años. Con la propuesta de pago a 32 años, el Consell tenía previsto desembolsar 1,3 millones de euros cada año a costear la indemnización. Sin embargo, si hay que pagar a diez años, la cantidad a pagar en cada ejercicio ascendería a unos 2,8 millones de euros, más del doble.
El presidente del Consell, Santiago Tadeo, defiende que "es preferible esta solución a que un juez ordene la ejecución inmediata de la sentencia o el pago a cinco años, puesto que Cesgarden es quien tiene ahora mismo la razón jurídica y no será posible la dilación del pago si ellos no están de acuerdo". Además, un hipotético pacto entre Consell y Cesgarden debe realizarse de tal modo que el juez entienda que es factible y, sobre todo, que no modifica para nada el fondo de la sentencia.
La citación para el acuerdo es mañana. El pleno de hoy debe servir para facultar al abogado del Consell a presentar la propuesta de pacto con Cesgarden en la forma de pago de una sentencia que pesa como una losa sobre la economía del Consell.
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