El PSIB pide en el Congreso que se mantengan los juzgados de Maó y Ciutadella

En un comunicado, el diputado mallorquín Pablo Martín, ha declarado que de aplicarse la reforma tal cual está publicada en la actualidad, Balears "sería una de las comunidades autónomas más afectadas".

"Por ello, dice Martín, el Govern autonómico debería alzar la voz y asegurarse de que no se lleva a cabo ninguna propuesta que no cuente con la aprobación de los afectados".

"Centralizar y alejar la justicia de los ciudadanos es radicalmente contrario y obstaculizador del acceso a la tutela judicial efectiva, tal como recoge el artículo 24.1 de la Constitución", ha apuntado.

Los socialistas instan en su PNL a elaborar una nueva propuesta que tenga en cuenta las distintas competencias y la realidad de los territorios afectados, con especial atención a la insularidad, con los obstáculos de desplazamiento, tiempo y coste que conllevaría.

"La propuesta del Ministerio sigue la senda de otras reformas de la administración que nos viene proponiendo el Gobierno y que, como otras, ignora a los ciudadanos, las competencias que la Constitución y sus Estatutos reservan a las Comunidades Autónomas", ha dicho.

Según ha señalado, "con la única excusa de un supuesto ahorro económico, reducen la administración que atiende a los ciudadanos y aspiran, en última instancia, a desmantelar los servicios públicos".