El alcalde de Es Mercadal, Francesc Ametller, primero lo intentó a título individual. Remitió una carta al Govern balear solicitando su colaboración económica para hacer frente a la indemnización que el Consistorio debe abonar al joven que en 2004 padeció un grave accidente en las fiesta de Sant Antoni de Fornells. Esa misiva no obtuvo respuesta, y ahora Ametller quiere repetir la solicitud pero con mayor contundencia. Así, esta noche el pleno del Ayuntamiento de Es Mercadal aprobará, salvo sorpresa de última hora, una moción en la que la corporación pide al Ejecutivo autonómico que asuma el 75 por ciento del coste de la indemnización estipulada por el Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears (TSJIB).
El juzgado obliga al Ayuntamiento de Es Mercadal a indemnizar con 1.563.584,98 euros a D.M.P., el joven que sufre una discapacidad permantente y absoluta tras ser empujado al mar en las fiestas de Sant Antoni del año 2004. De esa cantidad, 308.018,70 euros deberán ser pagados por la compañía aseguradora del Ayuntamiento. El resto, en principio, debe ser abonado íntegramente por el Consistorio. Es decir, 1.255.566,28 euros. En este punto cabe recordar que, por ejemplo, el presupuesto del Ayuntamiento de Es Mercadal para este año es de 9.797.000 euros.
En la propuesta que el equipo de gobierno PSOE-Unió Menorquina presenta en el pleno se argumenta que "esta indemnización supone para un pequeño ayuntamiento de 5.478 habitantes una excesiva carga teniendo en cuenta que, además, se trata de un gasto corriente que probablemente no se puede financiar mediante un préstamo, con lo que difícilmente el Ayuntamiento podrá hacer frente a su pago sin que se produzca un grave deterioro en la prestación de los servicios públicos esenciales que en este momento se ofrecen a los ciudadanos".
Además, el alcalde apunta que "el accidente se produce en unas fiestas organizadas por nosotros, sí, pero en una zona que es competencia de Ports de les Illes Balears, es decir, del Govern balear". Este es el primer argumento para pedir la colaboración económica del Govern. El segundo es un precedente no muy lejano, el caso de Ses Covetes, en el municipio mallorquín de Campos.
Tras un larguísimo proceso judicial, los tribunales acabaron ordenando el derribo de unos apartamentos construidos ilegalmente en la zona de Ses Covetes en el año 1992. El Ejecutivo autonómico de José Ramón Bauzá decidió colaborar con el Ayuntamiento de Campos, al que aportó 340.000 euros para afrontar esta actuación. Esta cantidad correspondía al 75 por ciento del coste total de la intervención.
"En nuestro caso no hemos entregado ninguna licencia urbanística defectuosa", apunta Ametller, para reforzar su petición ante el Ejecutivo autonómico. El alcalde explica que "el Govern ha abierto un melón y ahora no puede tratar a unos de manera y a otros de otra", apunta. En este sentido, añade que "no tengo ningunas ganas de aumentar los impuestos para poder hacer frente a esta indemnización".
Ametller se queja también de que el Gobierno central no permita destinar los remanentes de tesorería del pasado ejercicio a pagar la indemnización, y exija que estas cantidades vayan íntegramente a pagar deuda financiera. De momento, mientras se espera la respuesta del Govern, el equipo de gobierno ya ha reservado 250.000 euros para hacer frente al primer pago de la indemnización.
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