Al hablar de la desaladora de Ciutadella, todo siguen siendo interrogantes. Nadie a día de hoy sabe cuándo comenzará a funcionar, ni la cantidad de agua que producirá, ni quién la comprará ni a qué precio. Incluso algo que parecía seguro, el coste que tendrá la instalación para el Govern balear, es a día de hoy una incógnita.
La Conselleria de Medio Ambiente del Govern balear aseguraba esta semana que la decisión final sobre el coste de la desaladora "es competencia del Ministerio de Medio Ambiente, y es una decisión que deberán tomar ellos buscando la solución más favorable para los habitantes de Menorca". Esto contradice lo que se dijo en los primeros meses después de que la planta estuviera acabada. En ese momento, la UTE adjudicataria de las obras y de la explotación de la planta, formada por Acciona y Tolo Pons SL, pasaba cada mes una factura de 150.000 euros al Ministerio, quien se negaba a pagarlas.
Según se pactó cuando se decidió construir la desaladora, las empresas asumían el coste de las obras íntegramente hasta que la planta fuera recepcionada y puesta en marcha. La instalación fue efectivamente recepcionada por el Ministerio el 30 de marzo de 2011. Sin embargo, el convenio que se firmó en su día establece que debe ser el Govern balear quien asuma la amortización de la obra. En este escenario, el problema es que el Govern aún no ha recepcionado la obra, y no hay fecha para que esto suceda.
Mientras, la empresa que ejecutó las obras espera. Hace ya más de dos años que cumplió su parte del trato, ejecutar las obras y poner la planta a punto para producir agua. En diciembre de 2011 ya advirtió que la falta de funcionamiento de la desaladora podía perjudicar las instalaciones. A día de hoy, la empresa rechaza hacer cualquier declaración, y remite al Ministerio de Medio Ambiente.
Sin embargo, en el aire quedan preguntas tan obvias como saber si la empresa pedirá alguna compensación por el retraso en el inicio de la amortización de la obra. Ni Acciona ni tampoco el Govern realizan declaraciones sobre este extremo. Todos se remiten a las negociaciones entre el Gobierno central y el Govern balear, en las que debe discernirse también cómo y cuándo se ejecuta la conexión de la planta con los depósitos municipales de agua de Ciutadella, y a qué precio deberá comprar el Ayuntamiento el caudal que surja de la planta que, a día de hoy, sigue sin fecha de estreno.
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