Albert Moragues ha sido citado a declarar la tercera semana de octubre en el Juzgado de Instrucción número 10 de Palma tras haber sido imputado en el caso del presunto fraude en el contrato del servicio de limpieza del Palacio de Marivent, adjudicado sin concurso público a la empresa Lireba S.L. cuando ejercía como conseller de Presidencia del Govern balear durante el último mandato del Pacte. "Estoy a disposición de la justicia", se limitó a decir ayer Moragues quien, según recoge la agencia de noticias EFE, declinó hacer más declaraciones.
La causa, abierta por la juez Carmen Abrines a instancia de una querella formulada por la Fiscalía Anticorrupción de Balears, tiene su origen en la denuncia presentada hace poco más de un año por el Ejecutivo autonómico tras detectar la existencia de un posible fraude continuado por parte de la empresa privada que se encargaba de la limpieza de la residencia de la Familia Real.
Según reza el contrato, y así lo detalló en su día el Govern, la empresa debía dedicar siete personas y un determinado número de horas cada día a los trabajos de mantenimiento de Marivent. A mediados del 2012, cuando el Ejecutivo que preside José Ramón Bauzá decidió llevar ante el fiscal las presuntas irregularidades, el fraude podría haber alcanzado el medio millón de euros.
Al parecer, según la información publicada el pasado domingo por el "Diario de Mallorca", la Policía habría "constatado" que nunca trabajaron tantos empleados en la residencia real, lo que, sumado a otros "sólidos indicios", habría motivado la admisión a trámite por parte de la juez de la querella de la Fiscalía, en la que ya se apuntaba a un posible delito de malversación de fondos públicos, prevaricación, fraude a la administración y falsedad en documento público.
Se sospecha que la empresa, filial de ACS, habría destinado parte del dinero público recibido a pagar el sueldo de los empleados de otros servicios. Y todo ello, según las informaciones recabadas, con la connivencia de Moragues, a quien el fiscal acusaría de concertar el acuerdo económico inicial y las consiguientes prórrogas para beneficiar a esta empresa privada con fondos públicos.
Apoyo a la justicia
El Govern, que en su día responsabilizó a los directivos de la empresa pero también a los políticos que firmaron el contrato, podría personarse en la causa como acusación ya que es parte implicada en el proceso y posible perjudicado de probarse la malversación de recursos públicos. Ayer, sin embargo, no hubo ningún pronunciamiento al respecto. Las únicas palabras que salieron de la Vicepresidencia, área de la que dependía la firma y supervisión del contrato que ahora está en entredicho, fueron éstas: "Respetamos la labor de la justicia".
En este sentido se manifestó también MÉS quien, aparte de expresar su apoyo a la investigación, instó al Govern a tomar las medidas "necesarias" para que se investiguen las presuntas irregularidades y, si es el caso, se persone en la causa como acusación particular para reclamar la devolución del dinero público que se haya podido malversar. MÉS aprovechó la ocasión para volver a reivindicar el uso público del Palacio de Marivent.
PSIB: "No ha habido la más mínima connivencia política"
La portavoz del PSIB, Pilar Costa, salió ayer en defensa del exconseller de Presidencia, Albert Moragues, y mostró su "total seguridad" de que éste no habría participado en el presunto fraude que investiga la justicia, un caso que consideró "una estafa a la Administración" más que una trama de corrupción con intervención política.
"No ha habido la más mínima connivencia política", señaló Costa que a su vez remarcó que el PSIB es "el primer interesado en que la justicia llegue hasta el final" para determinar si se defraudó dinero público en la contrata de limpieza de Marivent. Recordó, además, que Lireba S.L. ya se hacía cargo de este servicio antes de que gobernara el Pacte.
La portavoz de los socialistas de Balears puntualizó, por último, que la declaración como imputado es una garantía que no implica que existan indicios sólidos de intervención en hechos delictivos por parte de Moragues.
El PSIB no tomará ninguna medida sobre la afiliación del político menorquín hasta que no haya restricciones cautelares o se formule una acusación concreta, extremos que están convencidos que no se llegarán a producir.
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