La futura ley de ordenación minera soslaya a los consells

Sobre este punto, fuentes de la Conselleria de Economía y Competitividad argumentaron que "se sobreentiende que están incluidos cuando se habla de administraciones", si bien advirtieron que están abiertos a valorar las aportaciones que se puedan hacer desde los gobiernos insulares con tal de esclarecer la representatividad en el Consejo de la Minería.

Sea como fuere, la ausencia inicial de los consells es remarcable en tanto en cuanto son los competentes en ordenación territorial y es a quienes se reconoce la potestad para elaborar y aprobar los respectivos planes directores sectoriales de canteras, lo que de hecho queda recogido en el artículo primero de la Ley 2/2001 de atribución de competencias a los consells en materia de ordenación del territorio. Sin ir más lejos, en Menorca se iniciaron en su día los trabajos para disponer de un instrumento de regulación en este campo, aunque nunca llegó a ver la luz.

El borrador del anteproyecto presentado ayer por el Ejecutivo autonómico a las instituciones públicas, agentes sociales y grupos parlamentarios solo cita, como función del Consell de Govern, la de "garantizar la coordinación de los diferentes departamentos autonómicos con incidencia en la minería, así como facilitar mecanismos y organismos de cooperación y coordinación con la actividad y la normativa de los consells insulares y de los municipios" y detalla, por otra parte, que como competente en minería correspondería a la Conselleria de Economía y Competitividad "promover y planificar la actividad minera de Balears elaborando y gestionando los planes sectoriales de actividades extractivas".

Regulación "eficaz"

El de ayer es el primer paso de un proceso que se prevé que finalice, después de recabar "un amplio consenso político y social", a lo largo del próximo invierno. Según las previsiones dadas a conocer por el conseller Joaquín García, el texto estará abierto a posibles aportaciones hasta el 1 de octubre. A partir de ahí se iniciará la tramitación administrativa, con el correspondiente periodo abierto a alegaciones, que culminará en el Parlament.

En su presentación pública, García destacó que la futura Ley de Ordenación Minera de Balears "pretende responder a la necesidad evidente de una regulación integral, moderna y eficaz del sector minero balear, a la vez que conciliar un bien jurídico fundamental y digno de protección, como es el medio ambiente, con el desarrollo económico, la creación de riqueza y la ocupación".

Con la primera idea, el conseller se refería veladamente a uno de los problemas que de manera reiterada han denunciado las empresas canteras del Archipiélago: la falta de adecuación de los planeamientos municipales al Plan Director Sectorial de Canteras de Balears, aprobado en 1997 y modificado en 1999, lo que dejaba su actividad, generalmente asentada en suelo rústico, en "una situación de inseguridad jurídica".

Con el nuevo orden, una vez reconocido el derecho minero, los consistorios estarían obligados a adaptar la clasificación del suelo a uso extractivo en un plazo no superior a tres meses. Incluso la norma iría más allá al advertir que si esta adaptación no se realiza antes de medio año, el Consell debería "subrogarse en las competencias municipales para redactarla y tramitarla". En ninguno de los dos casos sería necesaria la declaración de interés general, trámite que el Plan Territorial Insular establece como de obligado cumplimiento para este tipo de instalaciones en rústico.

Se entiende, pues, que este paso ayudaría a resolver la situación irregular en la que se encuentran numerosas canteras en Balears. Pero no es la única medida en este sentido ya que la ley contempla un procedimiento de actualización y regulación de las autorizaciones y concesiones de canteras, así como un plazo de tiempo razonable –hasta diciembre de 2014- para que todas las explotaciones mineras obtengan la declaración de impacto ambiental.

Sin duda, la agilidad administrativa y la resolución de problemas casi endémicos en el sector de la minería son dos de las motivaciones que explican el desarrollo de la futura ley. Si el redactado salva la tramitación administrativa sin grandes variaciones, el nuevo marco normativo obligaría a la administración competente, es decir, el Govern a dictar una resolución en un plazo máximo de un año. Asimismo, y con el fin de garantizar un nivel adecuado de transparencia, el borrador incluye la figura del 'Registro Minero de Balears' en el que tendrán que inscribirse todos los derechos mineros autorizados o concedidos en las islas.

Restauración "obligatoria"

Joaquín García se refirió ayer al carácter conservacionista de la norma. Por primera vez, señaló, se establece la obligatoriedad de restaurar las excavaciones o cualquier terreno afectado por las extracciones. De hecho, los titulares de los derechos mineros deberán ejecutar los trabajos por fases y desde el inicio. En este sentido, el borrador incluye duras sanciones en el caso de que caduque un permiso de explotación de una cantera antes de que se haya restaurado.

Actualmente, en el conjunto del archipiélago hay 1.025 explotaciones caducadas y "sin obligación de restaurar", de las cuales 58 se encuentran en Menorca, 883 en Mallorca, 78 en Eivissa y 6 en Formentera. Por el contrario, hay 124 activas -17 en Menorca, además de otras 29 que se encuentran "en otra situación"- que producen 2,4 millones de toneladas al año y emplean directamente a 422 personas, "además de toda la ocupación indirecta que genera en el ámbito de la construcción", apuntaron ayer desde el Govern. De salir adelante, como todo apunta que así será, Balears se convertirá en una de las primeras comunidades autónomas en regular sus propias canteras.