Ante la práctica imposibilidad de que Cesgarden acepte cualquier alternativa al cobro en metálico de la indemnización a la que tiene derecho, el Consell trabaja ya para encontrar una fórmula de pago de la millonaria compensación que afecte lo menos posible a la actividad habitual de la institución insular. En estos momentos, la voluntad del equipo de gobierno del Partido Popular es proponer al juez que la contraprestación se pueda satisfacer en 32 anualidades de algo más de 1,3 millones de euros.
La fórmula de pago planteada por el Consell conllevaría que se acaben abonando unos 44 millones de euros para satisfacer el principal punto de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears, que fijaba la indemnización a recibir por Cesgarden en 16 millones de euros, a los que en estos momentos ya hay que sumar 7,5 millones en intereses.
Los intereses que se irían acumulando en los próximos 32 años son los que elevarían la cifra hasta los citados 44 millones de euros. El presupuesto del Consell para 2013 asciende a 82 millones de euros, unas cuentas impugnadas por la propia promotora ante los tribunales por no contemplar su indemnización.
Cabe recordar que Cesgarden reclama este dinero en virtud de una sentencia del TSJB que reconoce su derecho a ser indemnizada por los perjuicios que a sus perspectivas de negocio causó la aprobación en 2003 del Plan Territorial Insular, en concreto por frustrar el proyecto de construcción de un hotel de cinco estrellas en una parcela de la urbanización de Son Bou, en Alaior. La sentencia es más amplia y contempla otras compensaciones de menor calado para la promotora, relacionadas con cuestiones urbanísticas y que están pendientes de cuantificar.
Es muy probable que la resolución definitiva sobre el modo de pago de la indemnización del Consell a Cesgarden se adopte en septiembre. El juez fijó recientemente una vista para solventar el asunto, una vez que hubo recibido y tuvo en cuenta el acuerdo de pleno de la institución insular de mayo de 2012 por la que se declaraba la imposibilidad de asumir el pago de la millonaria compensación. Pero el Consell se reunió previamente con la otra parte y acordó solicitar un aplazamiento de la vista para poder detallar la propuesta y apurar las negociaciones.
Tal y como comentó el presidente Santiago Tadeo en el pleno del Consell celebrado ayer por la mañana, el juez debe pronunciarse ahora sobre si el pago se tiene que realizar a largo plazo, atendiendo el planteamiento de 32 anualidades formulado por el Consell, o a corto plazo, que sería la voluntad de la promotora según explicó el propio presidente. En este caso, el abono de la cantidad fijada por el TSJB se debería acometer en cinco plazos, aproximadamente, lo que supondría una partida anual nunca inferior a los 5 millones de euros, algo que desde la Plaza Biosfera consideran inasumible sin prescindir de determinados servicios.
Dinero para inversiones
El periodo de pago de 32 años (el último plazo se abonaría en 2045) no es una cifra elegida de forma arbitraria. Tadeo explicó que el Consell ha tomado como referencia la cantidad que cada año el Consell suele presupuestar para inversiones con fondos propios, 1,3 millones de euros. Este sería el sacrificio que el equipo de gobierno del PP estaría dispuesto a hacer al año. En base a los intereses que esta demora generaría, se han establecido estas 32 anualidades. "Así no afectaría a partidas más sensibles como los servicios sociales o turismo, por ejemplo", explicó Tadeo.
Si la promotora, o en última instancia el juez, no aceptan este planteamiento el Consell, dijo Tadeo, se vería abocado a tener que suprimir algunos servicios para hacer frente a la indemnización a Cesgarden por los perjuicios generados con la aprobación del PTI. "¿Y cómo lo haríamos entonces para pagar? No se puede hacer de ninguna manera sin que afecte a determinados servicios, ¿y qué servicios eliminaremos?", se preguntó Tadeo en plena interpelación sobre el PTI presentada por el PSOE antes de concluir que esta sentencia "supone un gran perjuicio para los ciudadanos, la situación es complicada".
Por su parte, el conseller socialista Joan Marqués se esforzó en desvincular la sentencia de Cesgarden de la validez del PTI durante el debate en el que concretamente se interesaba por la opinión de Tadeo en lo referente al consenso con el que nació el documento y al consenso con el que ahora se pretende modificar.
"Ya hablaremos de cómo se pagará a Cesgarden en cuanto el juez determine cómo se debe hacer", comentó antes de asegurar que el PTI surgió de la voluntad de los menorquines y que se ganaron la inmensa mayoría de los 55 contenciosos presentados.
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