A muchos ciudadanos, oír hablar de la Sindicatura de Cuentas les suena poco menos que a chino. Sin embargo, este organismo de control de las administraciones lleva diez años funcionando en Balears, vigilando las maneras de nuestros gobernantes. Con motivo de su décimo aniversario, el síndico mayor, Pere Antoni Mas, visitó la pasada semana Menorca, y dedicó parte de su tiempo a atender las preguntas de este periódico.
¿La sociedad balear conoce la función de la Sindicatura?
No lo suficiente, Yo creo que debemos ser conocidos, pero tampoco soy partidario de estar todos los días en las primeras páginas de los periódicos.
Explíquele a la sociedad, entonces, para qué necesitamos una Sindicatura de Comptes.
Es necesario controlar el poder, y eso se consigue con los juzgados, el Parlament que controla la acción de gobierno y con seguimientos más especializados como el nuestro. Nosotros constatamos que las cuentas que presentan las administraciones son ciertas o no. Los ciudadanos somos los accionistas de nuestras administraciones, y tenemos derecho a saber cómo funcionan sus cuentas y a auditarlas. Esto es lo que hacemos nosotros en la Sindicatura.
Parten ustedes de la base que los políticos pueden engañarnos.
Partimos de la base que el ejercicio del poder ilimitado conduce al abuso y a la arbitrariedad, es la naturaleza humana. Si sabes que alguien va a controlar lo que haces, seguro que vas más con cuidado al hacer las cosas. De hecho, desde que surgió la Sindicatura en 2003 hasta ahora, muchas formas de actuar han mejorado porque saben que les controlamos.
La Sindicatura es como aquel profesor que, en los exámenes, vigila que los alumnos no copien.
Sí, algo así es. Nosotros vigilamos cuando responden el examen, pero también lo leemos a posteriori.
Y estos exámenes han mejorado en la última década.
Todo lo que era fácil de mejorar ha mejorado. En cambio, temas de endeudamiento y déficit no se ha mejorado tanto a pesar de las advertencias de la Sindicatura. La realidad económica lo ha impedido.
Quizás no les hacen suficiente caso en este tema porque ustedes solo pueden aconsejar, sus consejos no tienen carácter vinculante.
Todos los órganos similares hacen recomendaciones y no pueden imponerlas. Nuestras decisiones no son vinculantes. La vinculación debería alcanzarse por la fuerza moral de la Sindicatura y por la concienciación del sector público. También estaría bien que hubiera un sistema más rápido de exigencia de responsabilidades. Por ejemplo, cuando la Sindicatura dice que la mala tramitación de una subvención o de un contrato ha supuesto un perjuicio para las arcas públicas, si el gestor tuviera que responder del dinero perdido, la cosa cambiaría. Realmente esto ya está especificado en la Ley.
Pero no pasa nunca.
Nunca. No se indemniza a la Administración por el dinero que se le ha hecho perder, nunca. Si esto se aplicara, ayudaría mucho. Pero no pasa nunca.
Pero si lo dice la Ley...
No se aplica la Ley con la fuerza que se debería. Muchas veces el problema no es hacer una nueva Ley, sino aplicar bien la que tenemos. Y en esta línea también hay quien piensa que si la Sindicatura solo hace recomendaciones, la Sindicatura podría desaparecer y no pasaría nada.
Hay quien lo piensa, sí.
Lo que deben hacer es arbitrar el sistema para que las recomendaciones sean atendidas. ¿O alguien piensa en quitar los semáforos porque hay quien se los salta?
El control de la Sindicatura no sirvió, para parar temas como el Palma Arena, los abusos por parte de algunos gobernantes, etc.
La Sindicatura actúa a posteriori, y por lo tanto no podemos parar nada. Algunas de las irregularidades sí las detectamos en nuestros análisis, cosa que abre la puerta a que alguien tire del hilo. Nosotros podemos llevar cosas a los juzgados si detectamos algo más que un defecto de forma.
¿Y ha pasado alguna vez?
No, porque cuando nosotros llegamos ya es bastante después, y casi siempre las investigaciones ya están en marcha, y muchas veces se apoyan en nuestros informes. Pero también hay que tener en cuenta que uno puede hacer un contrato perfecto desde el punto de vista formal y a la vez esconder alguna irregularidad pactada entre varias partes.
En esta década, y por su experiencia, ¿en qué falla más la Administración en Balears?
La documentación de la gestión se hace mejor ahora que antes. Por ejemplo, las subvenciones directas han disminuido y han aumentado las de libre concurrencia. Ahora, cosas como el endeudamiento, gastar más de lo que se tiene o comprometer gastos futuros... Esto es otra cosa, agravado por la situación económica actual. La Administración autonómica tiene poca elasticidad para reducir sus gastos, por ejemplo.
¿Cómo ve usted el adelgazamiento del sector público?
Es imprescindible. Nosotros ya lo avisamos antes de la crisis, diciendo que debería reducirse y racionalizarse la estructura de empresas públicas. Nos dijeron que actuarían en esta línea, pero no se hizo. También avisamos del endeudamiento que asumía el Govern balear, y de sus consecuencias futuras. Si nos hubieran hecho caso, quizás la situación ahora no sería la misma.
¿Se ha adelgazado lo suficiente?
Hace falta más, pero no es nada fácil. Hablo de empresas públicas, consorcios, fundaciones, etc. Durante muchos años no se actuó con suficiente lógica, y se tiró de consorcios y otras figuras.
¿Balears necesita un nuevo sistema de financiación?
Balears sigue en la cola del Estado en financiación por habitante. Del 2001 al 2009 se ha incrementado, pero en números relativos seguimos siendo los últimos. Esto en una comunidad que genera un PIB importante y aporta unos recursos notables no tiene lógica.
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