El pasado verano, el Ayuntamiento de Ciutadella autorizó la instalación de la terraza de un restaurante en frente de una vivienda particular. La casa en cuestión se ubicaba a continuación de la fachada del restaurante, y a pesar de que el propietario de la vivienda se negó a la presencia de la terraza delante de su casa, el área de Gobernación del Consistorio otorgó el permiso al restaurante. A pesar de que el septiembre del año pasado UPCM presentó una moción para evitar estos casos, propuesta que fue aprobada incluso con los votos del PP, la situación vuelve a repetirse este verano, lo que esconde, apunta el portavoz de UPCM, Joan Triay, un incumplimiento de la normativa que rige el funcionamiento de todos los ayuntamientos, la Ley de Bases de Régimen Local.
Joan Triay asegura que con la autorización de esa terraza "se actuó con sorprendente discrecionalidad y arbitrariedad al primar los intereses de un ciudadano sobre los de otro". Esta actuación fue posible, prosigue, por el vacío existente en la ordenanza de ocupación de la vía pública, que no regula este extremo. Fue éste el motivo que empujó a Triay a presentar la moción en septiembre de 2012 en la que se acordó que, antes de instalar una terraza delante de una vivienda particular, se requeriría el consentimiento expreso de su propietario.
De todos modos, cabe matizar que la moción se aprobó aunque la concejala de Gobernación, Juana María Pons, la condicionó a la redacción un informe jurídico que avalara esta tesis. A partir de aquí es cuando los caminos de Pons y Triay se separan. Pons asegura que solicitó de inmediato el informe a los servicios jurídicos del Ayuntamiento, pero al ver que estaban saturados de trabajo, decidió acudir al Consell para solicitar el mismo informe. La consecuencia de esta petición fue que el citado informe se solicitó al Consell medio año después de aprobada la moción, en el mes de septiembre, y que el documento no ha estado listo redactado hasta mediados del pasado mes.
Con este informe en la mano, la modificación de la ordenanza que se votó en septiembre deberá modificarse levemente, par adaptarla a este documento que solicitó la concejala. La consecuencia final y más palpable, apunta Joan Triay, es que la tramitación de este cambio se prolongará de tal manera que impedirá que la norma que no permitirá las terrazas en frente de viviendas si no lo autorizan sus propietarios esté vigente este verano.
De hecho, la propia concejala de Gobernación, Juana María Pons, admite que la terraza que ha suscitado la polémica está instalada en los mismos términos que el año pasado. "La autorización se concedió el año pasado, y se renueva automáticamente si no existe denuncia", apunta. Pons incluso admite que la terraza no pudo denunciarse porque la ordenanza no se había modificado a finales del pasado año, porque se estaba esperando el informe que ella mismo había solicitado.
Juana María Pons entiende que "quizás podría haber sido más exigente con los servicios jurídicos para que el informe estuviera listo antes, pero tenemos lo que tenemos", apunta. De todos modos, Pons destaca que "no hay ninguna intencionalidad oculta ni nada de eso, y hasta que el procedimiento de aprobación de esta modificación de la ordenanza no culmine, no puedo revocar ninguna autorización como la que se concedió".
Sin embargo, Joan Triay entiende que esta actitud de la concejala de Gobernación vulnera el artículo 51 de la Ley de Bases de Régimen Local, que establece que "los actos de las entidades locales son inmediatamente ejecutivos salvo en aquellos casos que una disposición legal establezca lo contrario o cuando se suspenda de acuerdo con la Ley". Es decir, la moción aprobada por pleno en septiembre de 2012 era vigente desde el momento de su aprobación. En este sentido, Triay entiende que la demora de la entrada en vigor de la modificación apelando a la necesidad de un informe "contraviene nuestro ordenamiento jurídico".
Esta cuestión será discutida en el pleno de la próxima semana, puesto que UPCM presentará una moción solicitando que el texto se adapte al informe remitido por el Consell (que no altera la esencia de la modificación aprobada en septiembre) y que Juana María Pons no vulnere la Ley de Bases del Régimen Local.
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