El proyecto de ley para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, aprobado por el Consejo de Ministros, da cobertura legal al polémico 'fracking', nombre con el que se conoce la extracción de gas no convencional mediante fracturación hidráulica y contra el que se han postulado todos los grupos ecologistas. El documento incluye un apartado para posibilitar esta técnica a través de la modificación de la ley de hidrocarburos. Además, modifica la ley de impacto ambiental que elimina la obligatoriedad de la evaluación del impacto ambiental para hacer prospecciones petrolíferas.
Estas son solo dos de los aspectos "insultantes", en palabras de la secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, que contempla el proyecto de ley y que el Partido Socialista enmienda a la totalidad con la presentación de un texto alternativo.
Los socialistas mantuvieron ayer una jornada de trabajo en Menorca sobre este proyecto de ley de sistemas eléctricos para deshojar la margarita de este documento que "maltrata, debilita y devalúa los ámbitos competenciales de las comunidades autónomas" además de ser "involutivo, no da un salto a la modernidad y no potencia las energías renovables", según señaló ayer el diputado al Congreso y ponente de la contrapropuesta, José Segura. Para el socialista, el Gobierno está "utilizando de forma experimental Balears y Canarias para modificar la norma estatal e incluir un mecanismo para legalizar el 'fracking' ".
La reunión, celebrada en Menorca, contó con la visita de senadores, diputados autonómicos y estatales, consellers así como secretarios generales del partido.
Segura se remite a la ley actual, en vigor desde 1997, que obliga preceptivamente al Gobierno del Estado a consultar con los gobiernos autonómicos cada vez que tome medidas de naturaleza normativa. "La arrogancia y altanería del Ministerio de Industria ha llevado a que el Consejo de Ministros haya aprobado el proyecto de ley sin consultar a ninguna Comunidad afectada", señala Segura y añade que "Balears y Menorca han agachado la cabeza sin elevar ninguna queja al respecto".
A pesar de ello, la secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, indica que el informe rubricado por el jefe de servicio del Govern revela en sus conclusiones que "en el proyecto de ley no solo se obvia de forma inadmisible la participación de la Comunidad Autónoma sino que en algunos aspectos se pretende recortar sus competencias".
En contrapartida, los socialistas defenderán el jueves un proyecto alternativo que potencie, por un lado la libre competencia con el fin de que los pequeños productores puedan competir con los grandes. Es por ello que exigen que se invalide el Real Decreto Ley 1/2012 que paraliza el crecimiento y desarrollo de la actividad generadora de energías renovables.
Además, los socialistas defienden un cupo de potencia para Balears, tal como está regulado en Canarias. Actualmente, Balears no cuenta con diferenciación y se regula como en el resto de España. Este hecho provoca que algunos proyectos no se hayan podido desarrollar. Este objetivo de potencia se establece en 150 megavatios, siempre que se garantice la reducción efectiva de costes en estos sistemas. El cupo se distribuirá equitativamente entre la producción de instalaciones de tecnología eólica, fotovoltaica y termoeléctrica.
Otra de las propuestas es la regulación del autoconsumo con balance neto energético en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares para posibilitar la combinación de la energía cotidiana con la renovable.
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