Ocho meses después de la entrada en vigor del Real Decreto Ley del Gobierno central 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, que ha dejado sin tarjeta sanitaria en Balears a casi 20.000 inmigrantes irregulares y a personas con rentas superiores a 100.000 euros, que no han cotizado nunca, sigue generando confusión entre los colectivos afectados.
Este revés al que debe hacer frente un inmigrante en situación irregular se suma a los múltiples problemas con los que debe lidiar este colectivo vulnerable. Así lo aseguran desde Caritas al revelar que la organización diocesana ha incrementado las ayudas para aquellas personas que no pueden asumir el coste de los medicamentos tras haberles retirado la tarjeta sanitaria y no tener, por tanto, acceso a una sanidad universal y gratuita, entre otros casos.
Y es que el nuevo decreto ley garantiza la asistencia sanitaria urgente y gratuita a inmigrantes irregulares, (también afecta a menores de edad, embarazadas y los supuestos de enfermedades de salud pública y mental, entre otros), pero no la visita al especialista, ni a Atención Primaria como tampoco a la adquisición de medicamentos.
En este sentido, la organización diocesana ha hecho un "esfuerzo" para poder atender a este colectivo al que se le acumulan las complicaciones. No obstante, desde Caritas no han detectado un incremento de atenciones específicas sobre este tema sino que "los que vienen plantean dudas, temores, y entre ellos, el del acceso a la Sanidad", señalan.
Desde Caritas, y según su experiencia resaltan tener conocimiento de algunos casos en los que se les advirtió de que recibirían una factura por la visita a un especialista o una asistencia en Atención Primaria.
Unas 40 atenciones en 2012
El representante en Menorca del Sindicato Médico de Balears (SIMEBAL), Claudio Triay, niega que la ley haya provocado una saturación del servicio de Urgencias, aunque ésta fuera una de las mayores preocupaciones tras la entrada en vigor del decreto ley. Indica que el año pasado Urgencias atendió a unas 40 personas sin tarjeta sanitaria, por lo que "no se ha notado en exceso".
Es más, Triay asegura que en ningún momento se ha negado la asistencia "tenga o no tenga tarjeta sanitaria". Agrega que las Urgencias deben ser gratuitas por lo que están totalmente garantizadas y "hasta el día de hoy se cumple la legislación". Asimismo, indica que "si hay o no hay que facturar por el servicio es algo que excede a nuestras competencias, es un asunto administrativo".
No obstante, asegura que "según tengo conocimiento, no se ha hecho firmar ningún compromiso de pago a ninguna ciudadano sin tarjeta sanitaria". Para Triay, "es una acción coactiva".
Resalta, incluso, que en algunos casos en los que se da asistencia a alguna persona sin recursos y necesita un tratamiento temporal, se le facilita el fármaco desde el mismo servicio de Urgencias. "El servicio asistencial está por encima del aspecto económico y financiero", concluye.
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