El Ayuntamiento de Maó da ya prácticamente por perdido el dinero que pagó en concepto de certificaciones de obras por el proyecto de la zona deportiva de Bintaufa, 1.625.000 euros, cantidad que, sumados los intereses, ahora el Consell tiene que devolver a Madrid.
Así lo declaró ayer desde la capital la alcaldesa, Àgueda Reynés, tras la reunión que mantuvo con Elena Valdés, subdirectora general de Desarrollo y Sostenibilidad Turística.
Era el último intento del gobierno municipal por recuperar lo que abonó por las obras y que debía cobrar del Consell insular, en base a un convenio firmado en el mandato anterior y que modificó el proyecto original que recibía el apoyo del Gobierno central a través del Fondo para la Modernización de Infraestructuras Turísticas (FOMIT). El dinero procedente de Turespaña se concedió al Consell en forma de préstamo pero, según el gobierno actual, se destinó a cubrir gasto corriente de la institución. Mientras tanto, el proyecto de un club hípico en Sant Lluís -los fondos de Madrid eran dirigidos a la generación de producto ecuestre-, se sustituyó por la construcción de los nuevos campos de fútbol de Bintaufa, en Maó, y el Consistorio adelantó el pago de las obras.
Ahora, un informe de la Abogacía del Estado considera que la modificación del proyecto que acordaron el anterior Ejecutivo municipal y el del Consell se hizo contra la normativa. El informe es vinculante, así que las gestiones realizadas en el último año por el Ayuntamiento y el Consell no evitarán que el Ministerio de Turismo reclame el dinero que transfirió a Menorca y que el municipio de Maó deba asumir el coste de la reforma de la zona deportiva.
La consellera insular de Turismo, Salomé Cabrera, confirmó por su parte que el procedimiento administrativo por el que se reclama al Consell que devuelva la partida -más de dos millones de euros-, se ha iniciado, por lo que las arcas del gobierno insular se enfrentan a una situación complicada.
"El cambio de proyecto no fue solicitado ni a la Comunidad Autónoma ni a Madrid, y en las bases por las que se conceden dichos préstamos se recoge expresamente que no puede haber modificaciones", explicó Cabrera, "así que, en el peor de los casos, el Consell deberá devolver 2.200.000 euros que tendremos que sacar de donde no tenemos".
El gobierno insular intenta "minimizar" el problema y continúa en negociaciones con el Ministerio de Turismo para poder reducir la cantidad a pagar. "Intentamos que las cantidades asumidas con fondos del Consell, en los proyectos que sí se ejecutaron y costaron más de lo previsto, se tengan en cuenta y se puedan reducir de la deuda", señaló Cabrera, quien criticó "la falta de rigor en la gestión" del anterior Ejecutivo, "no hay nada en el expediente que justifique el cambio de proyecto".
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