Desconcierto. Esa es la palabra con la que ayer definieron los patronos mayores de las cofradías de pescadores de Menorca el estado de ánimo en el que se encuentran sumidos los profesionales del sector. Los motivos denunciados son numerosos: falta de asesoramiento e información, criterios dispares por parte de los inspectores de pesca, y un control exhaustivo por parte del Consell y la Guardia Civil para que se cumpla una normativa, la de pesaje y primera venta de productos pesqueros, que entró en vigor en 2007 pero que no contó con centros autorizados para poder aplicarse en Menorca -las sedes de las tres cofradías-, hasta el pasado 2012.
Un retraso de cinco años que es "responsabilidad de la propia Administración", afirmó ayer Antoni Garau, secretario de la Federación Balear de Cofradías de Pescadores, y que motivó que los profesionales mantuvieran el sistema tradicional de pesaje y comercialización directa de las capturas a sus clientes, principalmente mercados y restauradores. "Ha faltado apoyo, no sólo económico, sino también técnico, de la Administración, era un cambio importante", resaltó Garau, en un sector como el pesquero, en el que las prácticas tradicionales pesan y que, recordaron los patronos, pasa por un momento difícil.
Según las cifras ofrecidos por las cofradías, en Menorca trabajan siete arrastreros y 62 embarcaciones de artes menores, a los que se suman los mariscadores. La flota pesquera se ha reducido a la mitad en los últimos veinte años y se han perdido 200 puestos de trabajo directos. A la caída del consumo, la competencia con productos que llegan de fuera de la Isla, y el aumento del precio del combustible se suma otro dato que preocupa al colectivo: la media de edad de los pescadores profesionales es de 50 años, la gente joven no toma el relevo generacional y el oficio corre el peligro de perderse, aseguran los patronos.
Un oficio que los pescadores quieren que sea tratado con respeto. "No cuestionamos la labor de la inspección, pero realmente estamos desorientados, no sabemos cómo hacerlo bien para que no levanten actas, aplican diferentes criterios según el inspector y la cofradía", se quejó el patrón mayor de Ciutadella, Josep Caules, quien recalcó que "la gente del mar no hace lo que quiere, no somos delincuentes ni depredadores o contrabandistas, los pescadores quieren su oficio, la naturaleza y el medio marino", afirmó.
Sobre las relaciones con el conseller insular de Pesca, Fernando Villalonga, los patronos se limitaron a decir que en los últimos dos años solo han mantenido dos reuniones con el responsable del área. Y que cuando se ha transmitido el malestar existente a la Administración la respuesta es que hay que ceñirse a la normativa.
Pero los pescadores menorquines creen que debe existir más diálogo y una "norma intermedia" que permita excepciones porque, declaró Garau, "el reglamento comunitario es el mismo para el puerto de Vigo que para el de Fornells, y no es comparable la pesca industrial con la artesanal". Así, el secretario de la Federación balear explicó que en Mallorca la aplicación de la ley es diferente, al existir la lonja de Palma, en la que se vende el 80 o 90 por ciento del pescado. En la isla vecina se han reconocido diez puntos de primera venta pero Garau reconoció que dentro del porcentaje que resta, hay muchas capturas que quedan sin control "es muy complejo". El sector menorquín reclama que la normativa se aplique a todos por igual.
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