Ciutadella ha tramitado en cuatro meses tantas ayudas sociales como en todo 2012

Ante estas situaciones, los Ayuntamientos intentan responder con las llamadas ayudas sociales. Son pequeños balones de oxígeno que las administraciones locales conceden a quienes lo solicitan y demuestran que su situación realmente requiere una aportación por parte del Consistorio. Están claramente reguladas y acotadas, y en estos tiempos son más solicitadas que nunca. Tanto es así que el Ayuntmiento de Ciutadella ha tramitado ya en los cuatro primeros meses de este año tantas ayudas como durante todo el año pasado.

Así lo asegura la teniente de alcalde de Servicios Sociales, Francisca Marquès, quien admite que le preocupa saber si con el dinero presupuestado para este concepto en este ejercicio se podrán satisfacer todas las demandas que entren en el Consistorio. Todo apunta a que en los próximos meses se producirá un descenso en el ritmo de solicitud de estas ayudas. Marquès afirma que el inicio de la temporada turística puede suponer un alivio para el Ayuntamiento en este sentido, pero la incógnita se traslada al finalizar esta temporada.

En Maó también han notado un aumento en el número de personas que llaman a la puerta de los servicios sociales. Sin embargo, la alcaldesa, Águeda Reynés, responsable también del área social, añade que "tenemos el tema bastante controlado, y creo que podremos atender a todos los demandantes de ayuda". Explica Reynés que el Consistorio ha trabajado para agilizar el pago de estas ayudas, "y a día de hoy ya hemos pagado todas las correspondientes al primer trimestre".

Reynés ha situado estas ayudas como una de las prioridades del área económica del Ayuntamiento. De este modo, la alcaldesa explica que "he dado órdenes de priorizar estos pagos, y tenemos claro que tras el pago de las deudas y el abono de las nóminas, es la prioridad máxima de este equipo de gobierno atender estas ayudas".

Tanto en un Ayuntamiento como en el otro, este tipo de ayudas se canalizan a través de los Servicios Sociales, que son los encargados de evaluar cada caso, aplicar los criterios establecidos en cada Consistorio y, finalmente, tomar la decisión. En este caso, se trata de una tramitación puramente técnica, en la que, asegura Francisca Marquès, el político solamente interviene en la tramitación final y en su traslado a las juntas de gobierno.