El desahucio toca cada día más puertas. El temor a recibir una llamada o una carta se hace cada vez más latente entre aquellas familias que no pueden hacer frente a las mensualidades de la hipoteca. Y Menorca no es ajena a ello ni vive de espaldas a esta asfixiante situación.
Magdalena Pons hacía pública el domingo su angustia y su medio suspiro después de que el banco iniciara el procedimiento de ejecución hipotecaria, y se paralizara, posteriormente. Pero ha salido a la luz un nuevo caso, esta vez no por pesar sobre él una suspensión del procedimiento sino por su carácter "sangrante", según denuncia la Plataforma de Afectats per la Hipoteca de Menorca. Y es que el deudor no solo lleva a cuestas un drama por no poder pagar la hipoteca de su casa sino que además le pesa un embargo por parte de la comunidad de propietarios.
Fokor Uddin Bibi es bengalí y llegó a la Isla en 1997 en busca de un trabajo, que consiguió. Tras vivir cinco años con compañeros de trabajo en un piso de alquiler, en 2002 consideró necesario buscar una vivienda, ya fuera en régimen de alquiler o de compra, para poder trasladar hasta la Isla a su familia que se encontraba en Bangladesh. En junio de 2002 firmó una hipoteca con una entidad bancaria con la que Fokor Uddin no tenía contacto ni cuenta abierta y cuyas condiciones "no se negociaron conmigo sino con la inmobiliaria", denuncia.
La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca señala que "el banco desconocía si el comprador tenía aval o podía asumir el pago de las mensualidades, pero eso no les importó". El banco concedió una hipoteca a Fokor Uddin por 69.116 euros a 20 años. No obstante, se vio en la tesitura de tener que ampliar el préstamo hasta los 108.000 euros y por un período de 35 años puesto que la comunidad de propietarios del bloque de pisos exigió el pago de varios miles de euros para hacer frente a unas obras de mejora del edificio.
El 1 de enero de 2012 Fokor Uddin es forzado a salir de la vivienda porque tiene aluminosis y según informes técnicos, amenaza con derrumbarse. Y forzado, por tanto, a buscar una vivienda de alquiler donde poder dar cobijo a su mujer y tres hijos de cuatro, seis y diez años de edad.
Al afectado, la comunidad le pidió unos 7.000 euros, por plazos, que Fokor Uddin, igual que la hipoteca, "iba cumpliendo rajatabla". Al cabo de un tiempo, la administración de la comunidad le pidió otra cantidad de dinero por la que el banco ya no concedió más crédito. Al no poder pagar, se le embargó la nómina. En concreto, durante los seis meses de empleo le retienen 254 euros para cubrir los pagos a los que no ha podido hacer frente.
Fokor Uddin asumió durante cuatro meses (desde enero que abandona el piso hasta abril) la mensualidad de la hipoteca así como los 400 euros del alquiler. Pero en mayo de 2012 se produjo el primer impago, a pesar de su voluntad de hacer frente a todos los costes que estaban sobre su tejado.
Este bengalí concluyó su contrato de trabajo en octubre, y a partir de ese momento se le concedió un subsidio de 426 euros. Asimismo, en enero comenzó a cobrar la Renta Mínima de Inserción que paga el Consell por una cuantía de 280 euros y que acabará de percibir en abril.
Hipoteca
A esta situación de embargo que pesa sobre la nómina de Uddin hay que sumar el impago de la hipoteca y, por tanto, el probable inicio de un procedimiento de ejecución hipotecaria, que aún no le ha sido notificado.
Después de que los servicios jurídicos de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca estudiaran su caso, se presentó al banco toda la información para acogerse al Código Guindos de buenas prácticas. Y es que según señalan desde la Plataforma, "es uno de los pocos casos que cumple todos los requisitos para acogerse a la Ley Guindos y con ésta, conseguir la dación en pago". Esto es que se encuentra en el umbral de exclusión, todos los miembros de la unidad familiar carecen de rentas de trabajo, la cuota hipotecaria es superior al 60 por ciento de los ingresos netos, la hipoteca ha sido concedida por menos de 120.000 euros y la vivienda es propiedad del deudor, entre otros motivos.
Pero, el pasado 31 de enero el banco le notificó la denegación de esta adhesión a la Ley Guindos puesto que el piso sobre el que pesa la hipoteca "no es su vivienda habitual"
. La Plataforma no logra salir de su asombro cuando "no vive en la casa porque ha sido declarada en estado de derrumbe". El martes, miembros de la Plataforma junto con un abogado del colectivo, Caritas y Uddin, mantuvieron una reunión con el director del banco, que no aportó novedades.
La Plataforma asegura que esperará unos días por si se produce algún movimiento al respecto. En caso contrario, la Plataforma iniciará acciones legales contra la entidad bancaria.
A día de hoy, la deuda con el banco asciende a 117.197 euros.
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