"La casa no es lo más importante, es algo material, el problema es que psicológicamente te sientes derrotado y sin horizonte de futuro". Así asegura sentirse Magdalena Pons, una mahonesa de 45 años a quien le ha tocado vivir el drama humano de los desahucios en primera persona.
Su voz no se corta pero a medida que relata los hechos, un brillo de impotencia y de rabia aparece en sus ojos. "No tengo trabajo, el próximo mes se me acaba la ayuda de 426 euros, único ingreso que tenemos, y el desahucio ha tocado a mi puerta". Suspira. Coge aire. Y continua, con la clara convicción de que la sociedad debe conocer cuál es la asfixiante realidad que padecen muchas familias menorquinas. Sentada, junto a su pareja, en el sofá de la que ha sido su casa durante cinco años y sobre la que ahora pesa la amenaza de perderla, Magdalena Pons cuenta que al encontrarse en una situación económica saneada y con trabajo, decidió comprarse un piso de unos 70 metros cuadrados en régimen de hipoteca.
Sin aval, el banco le concedió un préstamo de 115.000 euros a pagar en una treintena de años. "Podía asumir el pago mensual de 600 euros sin dificultades", asegura. Pero en el mes de septiembre de 2011 comenzó su pesadilla, viéndose envuelta en un bucle del que no ha logrado salir. Perdió el trabajo, sin derecho a cobrar la prestación por desempleo. En ese momento no pudo hacer frente al pago de las mensualidades de la hipoteca. Hasta febrero de 2012 no empezó a cobrar el subsidio, "una cuantía que el banco se quedaba para cubrir la deuda acumulada de la hipoteca". Su situación llegó a ser tan acuciante que "tuve que suplicar al banco que me dejara sacar de la libreta 50 euros para pagar el recibo de la luz". En junio consiguió trabajo llegó a ingresar 2.500 euros en tres meses para poder acortar la deuda bancaria.
Magdalena Pons revela su irritación ante el hecho de que "los ingresos que fui haciendo al banco no constaron como pagados puesto que la entidad bancaria ya había avanzado en la demanda". Pero el banco no le informó de ello. Explica a su vez que "si vas haciendo pagos que no llegan a la cuantía total fijada mensualmente es como si no abones nada", asegura. El drama de Magdalena certifica una deuda de 113.000 euros con el banco además de otros 34.000 en concepto de intereses de demora.
La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca de Menorca rechaza asimismo "la represión, la persecución, el engaño y la práctica abusiva de poder del banco". Y es que tal como cuenta la afectada, el director del Banco Popular, con el que Pons había suscrito el acuerdo hipotecario, "localizó la vivienda de mi madre de 80 años, fue allí y la amenazó con que si no pagábamos íbamos a perder la casa, y vino a casa e hizo lo mismo con mi hija".
La afectada, que vive con otro hijo de 22 años, desvela, entre suspiros, que "no sé qué habría hecho si estuviera sola, ves tu vida abocada a la desgracia". Y recomienda a cualquier familia en una situación de desamparo que acuda a la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca puesto que hay que desprenderse de "la sensación de culpabilidad y de la vergüenza social".
No obstante, el pasado miércoles una luz se encendió tras meses de impotencia. Y es que recibió la notificación de paralización del procedimiento de ejecución hipotecaria tras haber presentado el documento elaborado por la comisión jurídica estatal de la Plataforma. El texto incide en que actualmente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea está examinando si el sistema de ejecución hipotecaria español respeta los parámetros mínimos que exige la normativa comunitaria de tutela de consumidores y usuarios.
En Menorca, una docena de afectados por el drama del desahucio han hecho uso de esta herramienta. El documento solicita la suspensión inmediata del proceso para todos los afectados y sin restricciones hasta que el tribunal de Justicia de la Unión Europea emita un veredicto sobre la Ley Hipotecaria española. De la cifra de documentos presentados ante el juez, solo dos han conseguido, de momento, que el proceso se suspenda. Y entre éstos se encuentra Magdalena Pons.
Tras esta suspensión, la afectada por el desahucio confía en poder acogerse a la dación en pago que prevé negociar con la entidad. La Plataforma estudiará si puede acogerse a la Ley Guindos y que, en el supuesto de cumplir los requisitos, quede amparada por la dación en pago.
En el caso de no ser viable esta salida, Magdalena Pons se vería abocada a asistir a la subasta de su piso. El banco se adjudicaría la vivienda al 60 por ciento del precio de tasación. Y Pons se quedaría sin vivienda, una deuda de un 40 por ciento del importe total, la entrada en la lista de morosos y en paro.
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