El Consell de Govern no cumplió ayer las previsiones y dejó pendiente de aprobación los nuevos impuestos medioambientales, que han provocado grandes protestas del sector comercial y de la distribución. Eso no significa que desista de cobrar por la superficie de venta de los comercios o por los envases de bebidas, sino que se demora el acuerdo para, quizás, abrir un nuevo periodo de negociaciones e intentar alcanzar un acuerdo. Estaba previsto que los impuestos entraran en vigor el 1 de abril. El portavoz del Ejecutivo, Rafael Bosch, ha comentado que "se puede apurar la negociación hasta el último momento".
Los representantes del Govern y del sector comercial se reunieron el lunes en Palma, sin acercar posturas puesto que la Administración no quiere renuncian a unos ingresos necesarios. En esa reunión participaron los representantes de la Asociación de Comerciantes de Menorca (ASCOME), perteneciente a PIME. Su presidente, Vicente Cajuso, ha comentado que la intención de aplicar un impuesto sobre cada lata, envase de plástico o de vidrio ha sentado fatal al sector comercial. Algunos empresarios indican que "al final vamos a ser recaudadores y daremos a la Administración más de lo que representa nuestro margen comercial". El secretario de ASCOME, Jordi Bosch, añade que la norma pretende la implicación del sector de la distribución que deberá reportar los datos de la mercancía facturada para que se pueda liquidar el impuesto. "Esto representará un considerable trabajo extra y un incremento de los costes".
La Asociación de Comerciantes ha presentado alegaciones en contra de las nuevas normas impositivas. De momento, no ha obtenido respuesta, aunque después de la reunión del pasado lunes hay pocas esperanzas de que se acepten. Una de ellas pretende que se evite un trato discriminatorio con respecto a Mallorca, donde el impuesto sobre la superficie comercial se aplica a partir de 700 metros.
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