La vigilancia y seguridad del Consell pasa a la firma Halcón

El servicio será licitado en noviembre de este año cuando concluya el periodo de cuatro años por el que se contrató, ya que la adjudicación se aprobó en 2009. La cesión del contrato entre ambas empresas cuenta "con los informe técnicos y jurídicos" y, según afirmó ayer la consellera de Servicios Generales, Pilar Pons, "no es nada excepcional, se ha seguido el procedimiento que marca la Ley de Contratos del Sector Público". La empresa adjudicataria, añadió Pons, "no podía dar cumplimiento al contrato y la cesión fue autorizada por la Administración con la existencia de un control previo".

Los servicios contratados incluyen la presencia de vigilantes así como el control de accesos, alarmas y cámaras en edificios como la sede principal del Consell, en la Plaza de la Biosfera, así como en otras instalaciones públicas de la Administración insular. Pons quiso eliminar cualquier duda que haya podido surgir en el sector, ante la cesión, y afirmó que la Ley de Contratos del Sector Público contempla dicha posibilidad si la empresa adjudicataria lo solicita y se ha ejecutado al menos un 20 por ciento del contrato. En el caso de JARC se había ejecutado un 72 por ciento, tal y como figura en el informe técnico en el que se basó el acuerdo del Consell Executiu de la institución para dar su aprobación al procedimiento. Los servicios de vigilancia se adjudicaron por un total de 534.482 euros (sin IVA) a razón de 133.620 euros al año.