El Consell de Menorca destina cada año 34.697,76 euros de su presupuesto a pagar los complementos salariales de aquellos funcionarios que han ocupado cargos políticos en la institución y han vuelto a su trabajo original. En concreto, según los datos oficiales de la administración, a día de hoy son cuatro las personas que reciben estos complementos salariales, conocidos técnicamente como complementos de destino, que vienen regulados por la Ley de Función Pública de Balears.
Estos trabajadores percibirán durante el resto de su vida laboral un complemento salarial conocido como el nivel 33 y que oscila entre los 414,61 y los 1.013,48 euros brutos al mes. Es decir, en alguno de los casos, el plus que perciben estos trabajadores públicos por haber pasado por un cargo político es superior al sueldo de muchos trabajadores mileuristas o al subsidio de desempleo de miles de personas.
La explicación de este complemento se halla en la normativa antes mencionada. Los funcionarios van consolidando durante su carrera profesional lo que se conoce como grados personales, algo así como una especie de escala de méritos, con lo que un grado personal mayor supone un complemento salarial también mayor. Cuando un funcionario asume un cargo político como el de presidente del Consell, conseller o director insular, y lo ejerce durante como mínimo dos años seguidos o tres interrumpidos, consolida para siempre el nivel de funcionario equivalente al de los directores generales de la Administración General del Estado. Esto significa que a partir de ese momento, pasarán a percibir el sueldo correspondiente a este cargo, aunque su labor no sea para nada la de director general de ninguna administración.
Esto explica que cuanto más bajo es el grado personal del funcionario que ha sido político, mayor sea el complemento que recibe tras su etapa pública, puesto que la diferencia entre su sueldo de funcionario y el de director general es mayor. Así se entiende que de las cuatro personas beneficiadas de este complemento en el Consell, la que cobre un plus menor sea un técnico superior, y que en cambio un auxiliar administrativo multiplique por 2,5 este complemento.
Esta situación no es exclusiva de Menorca. La Ley de Función Pública de Balears hace que, por ejemplo, el Govern balear tenga que destinar cada año 370.000 euros a este fin para pagar los complementos de 65 exaltos cargos que han vuelto a su puesto de funcionario (es decir, una media de 5.692 euros por persona y año). La legislación española establece también complementos similares a través del Estatuto Básico de la Función Pública.
Desde el Consell, aseguran que "al tratarse de leyes autonómicas y estatales, el equipo de gobierno está obligado a hacerlas cumplir". No obstante, recientemente en el Parlament balear se discutió esta cuestión, y concretamente la diputada del grupo parlamentario PSM-IV-ExM Fina Santiago solicitó "una racionalización" de este complemento. En diferentes ocasiones, varios sindicatos también han cuestionado este complemento, al entender que si una persona deja de ser cargo político a los 40 años y consolida un complemento de unos 900 euros mensuales, el coste para las arcas públicas de este excargo público será de 315.000 euros hasta su jubilación.
De hecho, el pasado mes de julio, los sindicatos de Cantabria solicitaron a los funcionarios de esa comunidad que percibían este nivel 33 que renunciaran a él en solidaridad con los recortes padecidos por los empleados públicos. Además, en varias ocasiones se ha denunciado el agravio comparativo que se produce en una administración cuando dos funcionarios que realizan la misma función perciben un sueldo diferente por el hecho de que uno de ellos haya desempeñado un cargo político durante tiempo suficiente (media legislatura es suficiente) como para consolidar el llamado complemento de nivel 33.
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