Sala. El nombre de la ciudad sigue siendo un tema sensible, el salón de plenos se llenó anoche - Gemma Andreu

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La denominación bilingüe Maó-Mahón es ya, oficialmente, el topónimo del municipio, después de que anoche, en una sesión plenaria con numeroso público y un ambiente caldeado, la mayoría que conforma el Partido Popular aprobara, con los votos en contra del PSOE, el cambio del nombre.

Para el equipo de gobierno se trata de una modificación que "satisface una demanda de la sociedad mahonesa, coherente con la historia" y que pone fin a un "absurdo", según expuso el concejal Simón Gornés, el de arrinconar "una marca que universaliza nuestra ciudad".

Para la izquierda, tanto socialista como nacionalista, ya que ayer solo se pudo oír la voz del portavoz del PSOE, Vicenç Tur, en el salón de plenos consistorial, una mala decisión que "reabre una herida en nuestra ciudad, genera un conflicto que no existía" y que concederá a Maó el "horrible" honor, según el edil, de "ser portada de diarios por el cambio de nombre".

La hache de Maó y la cuestión lingüística siguen siendo material sensible. La prueba es que la sala de plenos volvió a llenarse de partidarios de una u otra denominación, en catalán o en castellano, la mayoría vinculados a fuerzas políticas o simpatizantes, mientras que los bancos se fueron poco a poco vaciando cuando llegó el momento de debatir sobre los impuestos municipales.

Estrategia

Precisamente ese fue uno de los reproches lanzados por el portavoz de la oposición al gobierno del PP, que el debate toponímico se realizara en el mismo pleno en el que se llevaron a aprobación las ordenanzas fiscales, incluido el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

El cambio de nombre de la ciudad fue utilizado, según Tur, para desviar la atención de los impuestos y se ha aprobado en tiempo récord, con "una estrategia pensada para reducir el tiempo de debate y la crítica pública", afirmó el socialista, quien además recordó al PP su promesa electoral de celebrar una consulta sobre el topónimo. Tur atribuyó la responsabilidad última del cambio de topónimo a la alcaldesa, Águeda Reynés

Entre gritos esporádicos de los presentes en la sala, silbidos y aplausos, según las intervenciones, Gornés intentó llevar el debate por un terreno más pragmático y no tan apegado a los sentimientos. El también conseller de Administraciones Públicas recordó que la Ley de Función Pública recientemente modificada permite la cooficialidad de los topónimos, que en primer lugar deben ser en lengua catalana pero también en castellano si así lo aprueba el Ayuntamiento correspondiente.

"La coexistencia de los dos nombres es normal", subrayó Gornés, "sólo los intransigentes pueden ver en ello un ataque a la lengua propia". El concejal afirmó que el cambio de topónimo "es un compromiso que hacemos efectivo ahora porque podemos", apelando así a la legitimidad que otorga la mayoría absoluta conseguida por el PP en las urnas.

Gornés acusó al PSOE de permanecer "cautivo de un posicionamiento que no es el de su partido, sino del que les convirtió en prisioneros", en alusión al PSM, "y tienen a una corriente de sus propios electores agraviados, porque ni es un partido obrero ni español", a lo que Tur respondió que ningún acuerdo con los 'populares', en esta cuestión lingüística, puede ir en contra de sus propios valores.

Una vez aprobado el topónimo Maó-Mahón, pasará a exposición pública y el Consell deberá dar su aprobación definitiva.

El catalán puntúa como mérito, según el nuevo Reglamento

Como aperitivo al debate por el nombre de la ciudad, Simón Gornés y Vicenç Tur iniciaron el pleno con críticas cruzadas por el nuevo Reglamento de Uso del catalán y el castellano en el Consistorio.

Los cambios más polémicos aprobados ayer con los votos del PP y la postura contraria del PSOE, se refieren a la eliminación del catalán como requisito en el acceso a la función pública y su puntuación como mérito; a la redacción bilingüe de todos los documentos que se expongan en los tablones de anuncios municipales, así como a los informes internos y estudios; y al uso de las dos lenguas en actos públicos por parte de los concejales.

Para los socialistas se ha "roto el consenso" y el PP pone fin a "25 años de paz lingüística" logrados con la Ley de Normalización de 1986.