En pleno boom inmobiliario muchas parejas decidieron comprar un piso en régimen de hipoteca. Una economía saneada y un trabajo posibilitaban el pago mensual del recibo. Pero, después de que el mercado se desplomara, junto a la acuciante situación de crisis económica, muchas familias han perdido el empleo y se han visto asfixiadas económicamente con consecuencias realmente trágicas.
El desahucio y la despedida a cualquier posibilidad de recuperación de su vida son algunas de ellas. Y es que tras tres o cuatro meses de recibos acumulados sin pagar, el banco pone en situación de mora al cliente con la correspondiente demanda ante el juez y la solicitud de la ejecución hipotecaria. Es entonces cuando el cliente se ve abocado a asistir a la subasta de su piso.
Lo peor llega cuando se ejecuta en un 50 o 60 por ciento del precio de tasación. Sin vivienda, una deuda de un 50 o un 40 por ciento del importe total, la entrada en la lista de morosos y en paro.
Menorca no vive de espaldas a este drama social. Y así lo demuestran las cifras que baraja la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca de Menorca. El colectivo ha registrado a día de hoy unos 70 casos de familias que se encuentran a punto caer por el precipicio del impago, con una deuda con el banco y en negociaciones o ya en fase de subasta y desahucio.
Por municipios, la Plataforma informa que unos 40 casos se están ejecutando en Maó, otros 15 en Ciutadella y la quincena restante están repartidos por el resto de la Isla. A su vez, se indica que la entidad la Caixa es la que acumula mayor número de casos, con unos cuarenta, mientras que Bankia acumula otra decena. Ocho afectados están negociando con el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) y el resto son de Targobank, Santander y la financiera UCI.
No obstante, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca de Menorca alerta de la "invisibilidad" del problema. Y es que la "sensación de culpabilidad" o la "vergüenza social" motivan a que los afectados "no pidan ayuda" y por tanto, "permanezca escondida la verdadera realidad que azota la Isla". A pesar de ello, una vez se acercan al colectivo, la sensación de "culpa se traduce en la de víctima, la de vergüenza en rabia y pasan de no tener una postura política a tener opinión de la estructura política global creada", señala el miembro de la Plataforma, Santiago Oliver.
Este colectivo revela que los afectados pertenecen a la clase media trabajadora y la media de edad oscila entre los 30 y los 40 años. Son, en líneas generales, familias donde los dos miembros han perdido su puesto de trabajo. Y aunque el número de afectados no tiene una traducción directa en familias con un nivel de estudios reducido, la Plataforma constata que en casos con poca formación académica "los bancos se han cebado con ellos".
También consideran que la situación a la que se ven abocados los afectados deriva en el fomento de la economía sumergida, puesto que al acarrear una deuda, "si este afectado encuentra trabajo, se le embargará la nómina".
Este colectivo que ofrece asesoramiento y acompañamiento a los afectados asegura que la actitud de las entidades financieras "cambia" cuando la Plataforma actúa "pero no mejora". Y aunque los responsables detectan que los bancos han abierto una vía a la negociación temen que la creación del denominado "banco malo" tenga consecuencias negativas para los desahuciados.
Una dación en pago engañosa
La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca de Menorca vive diariamente casos "escalofriantes" que "no dejan indiferente a nadie".
A modo de ejemplo relatan que una pareja dejó de pagar los recibos de la hipoteca al perder el empleo y tras negociar con la entidad financiera consiguió que el banco aceptara la dación en pago. La entidad les aconseja que abandonen la vivienda para facilitar los trámites y durante dos años, la pareja debe pagar el alquiler de una vivienda. Esta familia inmigrante decide viajar a su país para pasar una temporada y así hacer más llevaderos los pagos diarios y las necesidades básicas de su familia. Es entonces cuando, según denuncia la Plataforma, el banco aprovecha el periodo de ausencia para subastar la vivienda dejando a la familia con una deuda de unos 50.000 euros y sin hogar. "Es un claro caso de engaño" aseguran y añaden que "estamos estudiando vías legales para exigirles una condonación de la deuda o avanzar hacia la denuncia por estafa".
Un cambio legislativo
La Plataforma está llevando a cabo una campaña de recogida de firmas para la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de regulación de la dación en pago para saldar deudas hipotecarias, de paralización de los desahucios y de alquiler social. Actualmente, el colectivo lleva recogidas unas 2.000 rúbricas y estima que se lograrán las 3.000.
Esta Iniciativa Legislativa Popular plantea como opción estrella la dación en pago retroactiva como medida obligatoria para los bancos. Además, también se reclama la paralización inmediata de los desahucios y se exige a los bancos que acuerden un alquiler social con el afectado por un periodo de cinco años desde la fecha de adjudicación y con una renta mensual no superior al 30 por ciento de sus ingresos.
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