El Ayuntamiento de Alaior aplicará sanciones de hasta 3.000 euros a los propietarios de solares y parcelas que no mantengan sus terrenos en buenas condiciones de salubridad, seguridad y ornato público. El equipo de gobierno tiene previsto presentar en el pleno de noviembre la nueva ordenanza reguladora de la conservación de inmuebles y cerramientos de parcelas.
El concejal de Urbanismo, Emilio Agis, explica que en la actualidad el Plan General de Ordenación Urbana obliga a los propietarios de parcelas a mantener y conservar sus terrenos, sin embargo, los expedientes abiertos por incumplimientos en esta materia se prolongan en exceso debido a los plazos señalados.
"Las soluciones se demoran, tardan mucho en ejecutarse. Esta ordenanza pretende hacer el proceso más ágil, y que no existan agravios comparativos entre quienes sí cumplen y quienes no", remarca. Según la nueva ordenanza, las parcelas deberán ser cerradas, con la exigencia además de estar libres de escombros y desratizadas.
En el caso de los edificios, los propietarios tendrán la obligación de limpiar, revocar, encalar o pintar las fachadas y paredes medianeras. Agis comenta que el objetivo es unificar criterios a la hora de abordar el problema tanto en el casco urbano como en las urbanizaciones.
En este último caso, cada vez más, es una prioridad estética y de salubridad. Además, apunta al nuevo plan inversor en zonas turísticas del Consell como una de las razones de la nueva ordenanza. "No solo la administración debe cumplir, sino también los vecinos", incide.
La ordenanza diferencia entre zonas urbanas, urbanizaciones y núcleos tradicionales. También establece las medidas que deberán tener las vallas de cerramiento, los muros de separación, los colores y la tipología. En algunos casos se recomienda la utilización de 'paret seca'.
La ordenanza establece igualmente sanciones en caso de incumplimiento de lo establecido en sus artículos e incluso agravantes si concurre, por ejemplo, riesgo sanitario, peligrosidad y reincidencia.
Las infracciones leves se sancionarán con una multa de 300 a 750 euros; las graves de 751 a 1.500 euros y las muy graves de 1.501 a 3.000 euros, en conformidad con lo establecido en el artículo 141 de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local.
De momento, la ordenanza se someterá a su aprobación inicial en el próximo pleno y según explica el concejal de Urbanismo, deberá superar aún la fase de alegaciones. La idea del equipo de gobierno es que la nueva normativa entre en vigor a principios del próximo año.
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