El guardia civil David Fernández Lacueva ha sido condenado por la Audiencia Pronvincial a seis años de cárcel y al pago de una multa de 90.000 euros por su implicación en una red de narcotráfico que operó en la Isla en 2008. En dos operaciones entre noviembre y diciembre el grupo introdujo 670 gramos de cocaína, camuflados en el interior de sendos coches. El agente, que estaba asignado a la investigación de tráfico de drogas, facilitaba la salida del coche con cocaína del barco de Acciona y evitaba la intervención del perro guía. De los seis condenados ha sido el que ha recibido la mayor pena puesto que el tribunal ha considerado un agravante la comisión de los delitos estando en activo como agente de la Guardia Civil. Otro agente ha sido absuelto, al considerar que no existen pruebas que demuestren su conocimiento del tráfico de drogas, a pesar de su relación con algunos condenados, que podrían ser confidentes.
Los colombianos Jairo García Paz, principal responsable de la red, y Dilmer Ríos Jiménez, que conducía uno de los vehículos con la droga, han sido condenados a 5 años de prisión y a una multa de 35.000 euros. Juan Mesquida Soler y Juan Cantillo Macías, que se encargaban de la venta de la cocaína, han recibido una condena de 3 años y un día y una multa de 100 euros. José María Mercadal, que ejercía una función similar, ha sido condenado a 4 años de prisión y una multa de 100 euros.
La Fiscalía pidió inicialmente una condena de 9 años para los dos agentes y de seis años al resto de miembros de la red. La vista oral de la Audiencia Provincial se celebró entre el 9 y el 11 de marzo de 2011. Las defensas pidieron la nulidad de las escuchas telefónicas y el tribunal aceptó este argumento y absolvió a todos los imputados. Consideró que no había existido una causa de suficiente importancia para pedir la intervención telefónica.
De hecho, los policías que llevaron a cabo la investigación pidieron la intervención al detectar que un teléfono móvil del depósito policial había sido utilizado, generando una factura de 400 euros. A partir de ahí se descubrió toda la trama. La sentencia del 22 de marzo absolvió a todos los imputados. Todo habría terminado así si el Ministerio Fiscal no presenta un recurso ante el Tribunal Superior, que declaró la validez de las escuchas y ordenó a la misma sala de la Audiencia una nueva sentencia valorando esta prueba.
El contenido de las grabaciones representaba una prueba contundente del funcionamiento de la red. La droga llegaba desde Barcelona en barco y camuflada en un vehículo. El 8 de noviembre se llevó a cabo una primera operación, con 160 gramos de cocaína escondidos en un Ford Ranger. David Fernández pidió al guía canino que vigilaba la descarga que se centrara en "controlar a unos moros" porque tenía información al respecto. Así, el vehículo con la droga desembarcaba sin problemas. La operación se repitió el 11 de diciembre, con 509 gramos camuflados en un Alfa Romeo, y con un valor de mercado cercado a los 34.000 euros. El coche tenía problemas con la documentación y fue retenido en Barcelona.
Jairo García era quien organizaba la venta. José María Mercadal, Juan Mesquida y Juan Cantillo se encargaban de la venta al detalle. El agente participaba en la recaudación del dinero. La Audiencia considera que David Fernández "se aprovechó de las funciones que tenía encomendadas y se valió de la confianza que otros agentes tenían en él por su dedicación a la investigación de delitos de narcotráfico". Por su actividad delictiva, el agente percibía dinero o una cantidad de cocaína.
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