"La retirada del plan comercial ha beneficiado al consumidor"

Los populares argumentaron la retirada en la necesidad de eliminar trabas administrativas para dinamizar la economía, además insistieron en que la norma vulneraba la Directiva Bolkestein de 2006, es decir, ponía restricciones a la implantación de establecimientos comerciales en la Isla. Hace unos días se cumplió un año de aquella retirada.

En opinión del PP, los acontecimientos posteriores han ratificado su posición contraria al Plan. En este sentido recuerda que la Unión Europea cerró a primeros de año un expediente abierto contra Menorca, tras demostrar las autoridades de la Isla que las limitaciones que pretendían proteger al pequeño comercio local fueron eliminadas al anularse el Plan Comercial y, con él, un posible conflicto con la directiva europea.

Lo mismo sucede con el artículo 18 del Plan Territorial Insular (PTI), aprobado en 2003, que establece un máximo de metros para comercios en zonas turísticas y limitaciones a las grandes superficies.

El plan territorial debería haberse adecuado hace tres años a la nueva legislación europea, sin embargo aún no se ha hecho. No obstante, la legislación balear, de rango superior, invalidada los artículos que condicionan la implantación de nuevos establecimientos comerciales en la Isla. Así, las autoridades de la Isla informaron a Europa de que ni el Plan, por ser anulado, ni el PTI, ponían obstáculos a las grandes superficies.

Un tirón de orejas

"Europa nos dio un tirón de orejas porque las normas que teníamos estaban en contra del libre comercio. Sólo por esto, se demuestra que la anulación del Plan comercial por el PP fue acertada", comenta el conseller de Economía, Fernando Villalonga, quien insiste, no obstante, en que deben ser los consumidores menorquines quienes respondan a la pregunta de si eliminar las restricciones a la implantación de establecimientos comerciales ha sido positivo o negativo para ellos.

Villalonga apunta que desde que se aprobó el PTI en 2003 se han abierto en la Isla ocho grandes superficies "a pesar de lo que decía el plan territorial", en referencia a decisiones tomadas años atrás por gobiernos de izquierda. El conseller concluye que el mayor beneficiado ha sido el bolsillo de los consumidores menorquines e incide en que también ha propiciado que las empresas locales sean más competitivas.

Este último extremo también es apuntado por Joan Serra, presidente de la Agencia Menorquina de Comerciantes AMECO, adscrita a la patronal CAEB. Serra denuncia que el Plan Comercial diseñado por la exconsellera de Economía Antònia Allès estaba "muy dirigido políticamente" en favor de determinadas grandes superficies y que la posterior anulación del mismo por parte del PP ha terminado por abrir la puerta a este sector, cuando "en la Isla no hay negocio para tantos".

Según el responsable de AMECO, esta situación ha obligado a las empresas locales a buscar nuevas estrategias para ser más competitivas, como adherirese a una central de compras a fin de rebajar precios y ofrecer un plus en el servicio.

Sin efectos

Por su parte, Vicente Cajuso presidente de la Asociación de Comerciantes de Menorca (ASCOME), adscrita a PIME, afirma que la retirada del plan no les ha afectado en exceso porque considera que dicha normativa comercial tenía elementos positivos y elementos negativos.

El texto no cumplía con las expectativas depositadas en él para proteger el comercio local y permitir la convivencia con las grandes superficies. En este sentido, apunta a una de las disposiciones que prohibía la instalación de comercios en calles de menos de cinco metros y que en su opinión perjudicaba a los comercios de los centros urbanos.