Maó revisará la ordenanza de vados antes de finales de año

Este análisis se llevará a cabo dentro del mes de septiembre u octubre con el fin de "cumplir con los compromisos adquiridos por el Consistorio". Y es que el pleno de marzo acordó aplazar -para discutirla a finales de año- una moción presentada por el Grupo Socialista dirigida a establecer diferentes tarifas para los vados en función de su afectación sobre el dominio público. Así lo señala el primer teniente de alcalde de Servicios Generales, Salvador Botella.

A pesar de que la revisión de la ordenanza venga motivada por este acuerdo alcanzado con la oposición en el pleno, Botella señala que la voluntad del gobierno es más "ambiciosa", lo que "no significa que seamos capaces de conseguirlo", resalta. En este sentido, subraya la intención municipal de "bonificar" a aquellos vehículos que tengan cochera a través del impuesto municipal de circulación u otro incentivo. El teniente de alcalde indica que es una medida del plan de movilidad, y está dirigida a favorecer la supresión de los coches en la vía pública. No obstante, señala que "es un engarce que jurídicamente es muy complicado conseguir". En este sentido, Botella explica que el impuesto está en vías de extinción para ser modificado por otro ecológico establecido por normativa europea.

Esta modificación de la ordenanza se llevará a cabo de acuerdo con el interés general y no el "particular", apunta el concejal, al ser preguntado sobre si esta revisión tendrá en cuenta la situación de los vecinos de Dalt Sant Joan, quienes han anunciado, una treintena de ellos, que interpondrán un recurso ante el Tribunal Contencioso-Administrativo de Palma contra la decisión del Ayuntamiento de hacerles colocar un vado, con el pago de la correspondiente tasa.

Según añade, "la aplicación de la ordenanza se lleva a cabo en base a unos informes jurídicos del Ayuntamiento y las ordenanzas se hacen para cumplirse". "Es el mismo requerimiento vigente cuando gobernaba el anterior equipo municipal, pero entonces "no se ejecutaba". Respecto a la dinámica jurídica, señala que el Ayuntamiento es "ajeno" a ello. Aunque considera que todo vecino puede ir por la vía jurídica para defender sus intereses". No obstante, no entra a valorar los argumentos de los vecinos, quienes estiman que al no contar con aceras ,debido a la estrechez de sus calles, no tienen porqué pagar la tasa municipal. "Sus razonamientos pueden ser más o menos discutibles", asevera.

Aunque agradezca que la asociación de vecinos se desvincule de ello, resalta que en el hipotético caso de adherirse a la decisión de este colectivo de vecinos "no condicionaría ningún tipo de relación con el Consistorio".