Oficina. El coste del certificado de residencia en el Ayuntamiento de Maó es de 0,82 euros - Archivo

Oficina. El coste del certificado de residencia en el Ayuntamiento de Maó es de 0,82 euros - Archivo

Maria SoláMaó27/08/12 0:00
TW
0

El Ayuntamiento de Maó ha detectado en los últimos meses un notable incremento de la demanda de gestiones relacionadas con el censo, un aumento que atribuyen a la obligatoriedad de disponer del certificado de residente para beneficiarse del descuento en los billetes a la hora de viajar a partir del próximo día 1 de septiembre .

En concreto, la Oficina de Atención Ciudadana ha registrado entre los meses de julio y agosto 2.482 peticiones de certificados de empadronamiento y residencia, así como de solicitudes para empadronarse en el municipio. En esta línea, fuentes del equipo de gobierno precisan que en las últimas dos semanas se llevan a cabo alrededor de 400 atenciones semanales relacionadas con esta temática.

COSTE

Obtener el certificado de residente en el Ayuntamiento de Maó tiene un coste de 0,82 euros, aunque también es posible conseguirlo de forma gratuita solicitando un número "pin" en el Consell. Tal y como apuntaron fuentes de la Administración insular la pasada semana, también se ha disparado la demanda para acceder gratuitamente a los certificados de residencia que expiden los ayuntamientos. Concretamente, se han facilitado 2.942 "pins", 2.057 de los cuales se han emitido entre el 25 de junio y hasta el pasado miércoles.

ANUNCIO

La ministra de Fomento, Ana Pastor, anunció el pasado 18 de mayo esta nueva medida, que obliga a los residentes en Balears, Canarias, Ceuta y Melilla a presentar el certificado de residente para poder acogerse al descuento del 50 por ciento en sus desplazamientos y que pretende evitar fraudes.

Pocos días después de conocerse la noticia, la responsable del Gobierno central precisó que su Ministerio estaba preparando un modelo informatizado para facilitar el trámite del certificado, una iniciativa que todavía no se ha puesto en marcha. Según manifestó la ministra, el sistema que se está diseñando consistiría en una base de datos -que contaría con todas las garantías de confidencialidad- donde exista un registro de quién es residente y quién no lo es.