"La crisis da la oportunidad de conseguir una administración más eficiente"

Menorca es un ejemplo ilustrativo de la complejidad administrativa. Existen cuatro niveles de la Administración: la local, de los ayuntamientos; la insular, con el Consell; la autonómica del Govern y la estatal. Por eso, no es difícil encontrar numerosas cuestiones y ámbitos donde servicios de todas las administraciones tienen algo que decir. Ante el cambio que se avecina, la Isla puede tener la oportunidad de anticiparse y definir cómo debería ser su estructura administrativa en el horizonte de 2020, con la idea de ganar eficiencia y respetar las instituciones que en una Isla tienen un sentido propio. A esta cuestión se dedicará el IV Foro Menorca Illa del Rei, que organizan la Fundación de la Isla del Hospital, el Ateneu de Maó y el diario "Menorca".

Francesc Tutzó es el coordinador del Foro. Con una extensa trayectoria política -fue protagonista en la etapa de construcción de la autonomía balear- y empresarial, sigue siendo una persona con criterio propio para analizar los cambios que se avecinan y las perspectivas de nuestra economía local.

Está sobre la mesa un plan de reforma de las administraciones públicas. ¿Cree que la estructura administrativa es desproporcionada?.
Sin duda hay que adelgazar la estructura administrativa del Estado y evitar solapamientos y duplicidades. Pienso que esta es una de las reformas estructurales que con mayor urgencia necesita nuestro país.

¿Qué criterios cree que ha de seguir esta reforma?
Fundamentalmente se debe perseguir una mayor eficacia y eficiencia en las responsabilidades asignadas, eliminar burocracia y organismos innecesarios, inculcar la cultura del ahorro y evitar a toda costa, como decía anteriormente, duplicidades y solapamientos que suponen un encarecimiento de las prestaciones y servicios públicos que a la fin y a la postre, vía impuestos, repercuten sobre las espaldas de los ciudadanos.

¿Se puede ser más eficaz con menos administración?
Naturalmente. Una administración sobredimensionada no es garantía per se de un mejor servicio a los ciudadanos. Debemos racionalizar la administración, fusionar organismos e instituciones y buscar economías de escala que hagan posible disminuir drásticamente los gastos del Estado.

¿Hay que revisar el Estado de las Autonomías? ¿Devolviendo competencias al Estado?
El Estado autonómico fue una buena solución para dar respuesta a la diversidad de pueblos y regiones que conforman España y conseguir a su vez un amplio consenso constitucional. No obstante, debemos reconocer que no siempre la clase política, sobre todo en los últimos años, ha estado a la altura de las circunstancias y como consecuencia de ello ha habido un creciente despilfarro en el capítulo de los gastos corrientes y suntuarios, se han creado organismos, entes y sociedades que no eran necesarios y se han cometido errores en la asunción de determinadas materias competenciales. Todo ello justifica una revisión a fondo del actual modelo autonómico, que es caro e ineficiente. Pero, cuidado, tampoco es el responsable último de todos los males de España, ni el causante exclusivo de los importantes déficits fiscales de estos últimos ejercicios.

¿Cree que existe un interés político de aprovechar la crisis para revisar la estructura autonómica?
La grave crisis económica nos obliga a ser muy escrupulosos en el uso de los recursos públicos y por ello se debe analizar con lupa qué instancias institucionales son las más idóneas para gestionar con la máxima eficacia y eficiencia los servicios que demandan los ciudadanos. Hay que hacer este ejercicio por pura necesidad y, además, como obligada contrapartida a los muchos sacrificios que se están pidiendo a los ciudadanos, que son, de momento, los verdaderos paganos de la crisis.

¿La cuestión no es política sino económica?
En estos momentos, así es.

Usted vivió el proceso de construcción de la autonomía balear. En 1977, Menorca era la Isla con un mayor sentimiento autonomista y de defensa de la identidad propia. Ha pasado mucho tiempo. ¿Se siente decepcionado por el resultado del proceso?
Pienso sinceramente que el desmantelamiento de la antigua estructura administrativa provincial y la creación de los consells insulares, sobre todo en las islas menores, fue un avance muy importante y, por otra parte, largamente reivindicado desde que se constituyó el régimen de cabildos en 1912 en las Islas Canarias. Sin duda, ha supuesto una mejora innegable en la gobernanza de los menorquines, sobre todo si lo comparamos con la muy escasa atención que la antigua Diputación Provincial prestó a nuestra isla. En este aspecto no puedo sentirme decepcionado.

Hay personas, incluso algún partido político como UpyD, que proponen la supresión del Consell de Menorca.
Creo que sería un error histórico la desaparición del Consell y, la verdad, me cuesta creer que algunas personas o colectivos propongan tal cosa. Lo que no quiere decir que no debamos exigir al Consell que ejerza con todas sus consecuencias la acción de gobierno que le corresponde como primera institución de la Isla.

Usted presidió esta institución, ¿cómo le gustaría que fuera su futuro?
El Consell debe ejercer el liderazgo político y ser el verdadero gobierno de la Isla. Asimismo, dada también su condición de ente local de carácter provincial, pero con la especificidad, frente a las Diputaciones de régimen común, de ser una institución de elección directa, no solo debe garantizar los servicios obligatorios mínimos de los ayuntamientos sino que debe propiciar (de momento no está en su mano obligar) que los municipios menorquines mancomunen el mayor número de servicios y prestaciones para conseguir una mayor eficiencia. Por otra parte, el Consell debería ser, como contempla el Estatut, el brazo ejecutor de la política del Govern en Menorca, actuando como administración indirecta de la Comunidad Autónoma en la Isla.

Al Consell se le pide un mayor protagonismo. ¿No cree que es una institución que se ha quedado estancada?
El Consell debería reivindicar todas las competencias que por ley le corresponden, tanto si hay crisis como si no. El ejemplo de la promoción turística es significativo. El Consell debe reclamar esta competencia. Con la reforma del Estatut, los consells pasaron a ser organismos de autogobierno, como lo es la Presidencia, el Govern y el Parlament.

Sobre los ayuntamientos, se plantea la idea de agrupar los que tienen menos población. Esta propuesta tendrá sentido en materia económica pero puede levantar polémica porque la gente se siente que forma parte de su pueblo.
No creo necesario, a priori, que algunos ayuntamientos de la Isla, como instituciones políticas, deban desaparecer siempre que los servicios que den a los ciudadanos se mancomunen, bajo la coordinación y supervisión del Consell, buscando economías de escala que reduzcan considerablemente su coste y mejoren su eficacia lo que supondrá, en definitiva, un ahorro para los contribuyentes. Hay que respetar la identidad local, pero no puede obviarse la necesidad de unir los esfuerzos para poder prestar, con la calidad precisa, los servicios que los ciudadanos demandan.

A menudo se cuestiona la viabilidad de una estructura administrativa de ocho ayuntamientos, un Consell y un Govern autonómico.
La crisis es una gran oportunidad para afrontar una reforma en profundidad de las distintas administraciones. Se está haciendo así en muchos países de Europa. Italia, por ejemplo, con su plan de reducción de ayuntamientos (de 8.400 a 1.500) intenta racionalizar el gasto y hacer que el coste de la administración sea más llevadero para los ciudadanos. En España también deberemos dar pasos en esta dirección si queremos, por otra parte, tener los recursos necesarios para preservar en la medida de lo posible el estado de bienestar. A nivel de Menorca ya me he pronunciado con relación al rol, que desde mi punto de vista, deberían tener los ayuntamientos y el CIMe.

¿Cree que el crecimiento de la administración ha significado una mayor burocracia y eso representa un obstáculo para el desarrollo económico?
De entrada, si la estructura administrativa es mayor de la realmente necesaria lo que ocurre es que se encarece un servicio público. Eso es negativo, porque carga sobre el ciudadano ese coste adicional. Además, es evidente que la incidencia de la administración en la actividad privada debería ser la menor posible. La demora de algunas iniciativas debido a la complejidad administrativa es un efecto negativo, que desanima a los empresarios.

Algunos colectivos temen que la reforma de la administración provoque una pérdida de representación democrática.
Ha de valorarse. La medida de reducir un 30 por ciento el número de concejales puede perjudicar a los partidos minoritarios y ello, a mí entender, no sería bueno. Creo que se puede afrontar una reforma en serio sin afectar a la representación democrática de la sociedad.

El Foro Menorca Illa del Rei va analizar, el 14 de agosto, la reforma de las administraciones públicas, con Menorca en el centro del debate. ¿Cuáles son los objetivos?
Profundizar en un tema importante y precisamente porque puede tratarse de una oportunidad. Quizás Menorca, por sus dimensiones y características podría ser objeto de un proyecto piloto de cómo organizar la administración para ganar en eficiencia reduciendo los costes. Será muy interesante, no solo poder contar con la presencia del ministro Cristóbal Montoro, sino también las aportaciones de los otros tres ponentes, el gran periodista Enric Juliana y dos menorquines de la categoría del economista Guillem López Casasnovas y del jurista Josep Maria Quintana. Estoy convencido que este Foro va a ser una aportación positiva para la sociedad menorquina.