El pleno de Sant Lluís aprobará mañana un dictamen de la comisión de Economía y Hacienda relativo al expediente de concesión del uso privativo de tres parcelas municipales para la instalación de antenas de telefonía móvil, con el objetivo de mejorar la cobertura de este servicio en el municipio. El precio de salida de las tres concesiones asciende a 13.500 euros anuales, cantidad que deberá ser mejorada al alza.
El expediente de concesión para instalar las antenas de telefonía móvil contempla tres ubicaciones diferentes. Una de las antenas deberá ubicarse en la parcela municipal situada en el Polígono Industrial de Sant Lluís, en una zona próxima a la planta de reciclaje de residuos urbanos. La cobertura de esta antena alcanzará hasta el núcleo residencial de Jardins de Malbúger y la zona rural de Bintaufa, en Maó, y el caserío de Trebalúger, en Es Castell. El precio de salida para optar a esta concesión es de 7.500 euros.
Las dos restantes antenas de telefonía móvil se ubicarán en unos terrenos municipales del ámbito de la costa, con la consiguiente mejora de las comunicaciones en las urbanizaciones turísticas del municipio. Los dos antenas se instalarán en los depósitos del suministro de agua potable en Binibèquer Vell y Cap d'en Font. En este caso, el precio de salida de la concesión administrativa es ligeramente inferior al del Polígono Industrial y queda establecido en 3.000 euros para cada una de las parcelas municipales.
El alcalde Cristóbal Coll ha subrayado la importancia de aprobar el referido expediente de concesión del uso privativo de las tres parcelas municipales, por cuanto facilitará la creación de nuevas infraestructuras para desarrollar la telefonía móvil en el municipio y, por extensión, de la Isla. Coll ha destacado la necesidad de dar respuesta a la demanda de los ciudadanos que precisan de un servicio básico en la época de las nuevas tecnologías.
Carpeta ciudadana
El pleno también aprobará otro dictamen de la comisión de Economía para la creación de una ordenanza reguladora de la administración electrónica municipal. El alcalde Cristóbal Coll ha precisado que la nueva ordenanza regulará el acceso de los ciudadanos a la denominada carpeta ciudadana, una herramienta creada por el Consell insular y los ocho ayuntamientos de la Isla para la tramitación administrativa. En este sentido, Coll ha señalado que la carpeta ciudadana permite la obtención del certificado de residente sin la necesidad de personarse en las dependencias municipales.
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