El plan para controlar la deuda de Maó nunca tuvo validez

Un informe del Ministerio de Economía y Hacienda remitido en octubre de 2009 revela que el Ayuntamiento no cumplía el objetivo de estabilidad desde 2005

CONSISTORIO. El pleno aprobó en marzo de 2011 derogar el Plan Financiero y Económico - Paco Sturla

Maria SolàMaó26/06/12 0:00

El Plan Económico y Financiero para el periodo 2010-2012 redactado por el equipo de gobierno liderado por el socialista Vicenç Tur y aprobado por el pleno durante la sesión celebrada el 28 de mayo de 2009 nunca tuvo validez. Así lo revela un informe del Ministerio de Economía y Hacienda remitido al Ayuntamiento de Maó en octubre del mismo año.

El texto indica que la documentación que el Consistorio hizo llegar a Madrid no incorporaba el preceptivo informe de evaluación de la Intervención Local, por lo que no se ajustaba a lo establecido en el artículo 20 del Reglamento de desarrollo de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.

Por otro lado, el documento elaborado por el Ministerio de Economía y Hacienda estipula que, de acuerdo con la información existente en las bases de datos gestionadas, el Ayuntamiento venía incumpliendo el objetivo de estabilidad desde la liquidación del ejercicio de 2005.

Derogación

A pesar de que, según el informe remitido por el Gobierno central, el plan para controlar la deuda pública de Maó no estuvo vigente en ningún momento, el Ayuntamiento derogó el documento en marzo de 2011 puesto que, según indicó entonces el equipo de gobierno, la liquidación del presupuesto de 2010 presentó un superávit financiero y se ajustaba al principio de estabilidad presupuestaria previsto legalmente.

De este modo lo recordó hace dos semanas el ahora portavoz de la oposición, Vicenç Tur, al responder a las críticas del actual ejecutivo local en relación a la gestión llevada a cabo durante el anterior mandato.

Cabe recordar que el equipo de gobierno encabezado por Águeda Reynés anunció el pasado día 12 una posible intervención del Estado debido a la elevada deuda que debe asumir el Ayuntamiento, que alcanza los cinco millones de euros.