El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) ha propuesto que se conserven las actuales dos localizaciones judiciales de Maó y Ciutadella, si bien dentro de una única demarcación, tal y como ha propuesto el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en su nuevo mapa de demarcaciones judiciales que, en el caso de Balears, únicamente altera la situación de Menorca puesto que plantea aglutinar los jueces de ambos municipios en un solo partido.
En rueda de prensa, el presidente de la máxima instancia judicial de las islas, Antonio Terrasa, ha dado a conocer el contenido del informe que ha remitido al CGPJ sobre las bases de una nueva demarcación judicial, en el que aboga por mantener las dos sedes independientemente de la clase de órganos a radicar en cada una de ambas localizaciones.
Y es que, a su juicio, esta alternativa permitirá respetar la facilidad de comunicación por la posibilidad de desplazarse en menos de una hora entre las dos ciudades y permite incorporar las vertientes que "responden a influencias y sensibilidades de orden histórico, sociopolítico y geoeconómico.
Tal y como ha puesto de manifiesto al hilo de lo anterior, la insularidad constituye un factor determinante y "de tal modo influyente" que la propuesta de demarcación territorial única para Menorca "no se acomoda con fidelidad a la práctica totalidad de criterios tomados como base para establecerla".
Así, ha aseverado que aunque se cumpla la exigencia de una "razonable" capacidad de comunicación, la de una población mínima -cifrada en 100.000 habitantes- "dista de compadecerse con la actual realidad estadística en toda la isla de Menorca, que es inferior".
Asimismo, ha apuntado que "tampoco parece que pueda cumplirse" la previsión de agrupar como mínimo ocho juzgados en orden a su especialización, dado que en la actualidad son tres juzgados mixtos -de primera instancia e instrucción- los que corresponden al actual partido de Maó, y otros dos los juzgados de igual clase en el de Menorca, de forma que "ni sumándolos para aglutinarlos en una sola localización se lograría cumplir con ese objetivo".
A nivel nacional, la propuesta contempla la reducción hasta los 190 partidos judiciales de las actuales 431 unidades judiciales en España. Tras las aportaciones que puedan hacer los distintos órganos de gobierno del poder judicial, el documento será remitido al Ministerio de Justicia, que es el competente para producir a la reorganización del mapa judicial español.
Reorganización, no supresión
Tal y como explicó la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, el objetivo del documento es "abrir el debate" y negó que vayan a suprimirse partidos judiciales. "Se trata de reorganizarlos en un nuevo diseño", manifestó, aunque reconoció que en algunas poblaciones podrían desaparecer las sedes de determinadas jurisdicciones, como la penal o la civil, en función del nuevo diseño.
El objetivo de esta iniciativa del CGPJ es superar el actual diseño, que data de 1988, con el fin de asegurar la proximidad de la justicia al ciudadano, lo que no está relacionado directamente, según Bravo, con el número de kilómetros que separen su domicilio del juzgado.
Para la nueva organización se han tenido en cuenta circunstancias sociales, geográficas y políticas que se amplían en un documento que harán público en las próximas horas. A juicio de Bravo, la propuesta no invade competencias de otros poderes del Estado que son, al fin y al cabo, los que deben tomar la decisión final sobre este asunto.
Así, señaló que el mapa propuesto por el CGPJ no pasa por señalar cuáles deben ser las cabeceras de partido en cada territorio, ya que dicha competencia corresponde al Ministerio y ha insistido en que los cambios, "aunque asustan a todos", no deben causar alarma. También descartó que el nuevo diseño judicial vaya a suponer pérdida de empleos.
Según explicó con motivo de la presentación del documento el pasado día 19, se desvinculará también el concepto de juez unido al del órgano unipersonal al tiempo que se optimizarán los recursos en atención al "delicado" momento económico.
Se aboga así por reducir la presencia del ciudadano en las oficinas judiciales a los supuestos "estrictamente necesarios" y fomentar el uso de las nuevas tecnologías. Entiende el CGPJ que la implantación del nuevo mapa judicial debe ser progresiva y apostar por una Justicia titular, relegando los interinos a supuestos excepcionales.
La reordenación de los partidos judiciales debe atender a las circunstancias geográficas, políticas y económicas de cada territorio, según Bravo, que señaló que las circunscripciones resultantes deberían tener una población superior a 100.000 habitantes para que el desplazamiento desde los núcleos de población hasta la cabecera no exceda de una hora.
La aplicación de estos criterios permitirá la reducción de los actuales 431 partidos judiciales a menos de la mitad, entre 190 y 200. En el 90% de las circunscripciones resultantes podrá procederse a la separación de jurisdicciones y la correspondiente especialización de los jueces; al despliegue de la nueva oficina judicial con servicios procesales y de ejecución comunes; a la implantación de gabinetes y servicios de todo tipo, y a la aplicación de las tecnologías que garanticen una mayor proximidad y un mejor servicio público, según los planes diseñados.
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