El pleno de Alaior aprobó ayer en sesión extraordinaria, con los votos del equipo de gobierno del PP y la abstención del resto de la Corporación, la concertación de una operación de crédito a largo plazo con el BBVA, por un importe de 4.465.201 euros. Dicha cantidad se destinará al pago de los proveedores que se han adherido al plan promovido por el Gobierno central.
La alcaldesa Misericordia Sugrañes señaló que la operación de crédito con la referida entidad bancaria se formalizará por 10 años, con una carencia de dos y un coste financiero todavía por determinar. Los 4,4 millones de euros permitirán abonar un total de 1.516 facturas pendientes de pago, "lo que representará un gran alivio para la economía de los proveedores", aseguró.
Sugrañes aseguró que los 4,4 millones incluyen la cantidad de 547.847 euros, de los que 104.400 euros estaban incluidos inicialmente, mientras que la cantidad restante -443.447 euros- proceden del periodo de 2004 a 2008. El pago de estas facturas permitirá al Ayuntamiento -según aseguró Sugrañes- "iniciar el 2012 sin que haya facturas pendientes de pago y, de una vez por todas, sabremos la realidad de las cuentas municipales".
OPOSICIÓN
El concejal de EM-IA, Josep Portella, argumentó la abstención de su partido en la concertación de la operación de crédito al objeto de facilitar al Ayuntamiento la liquidez necesaria para abonar las facturas pendientes.
Portella señaló que esta postura no entraba en contradicción con el voto negativo de su partido al plan de ajuste del Ayuntamiento vinculado a la concertación del referido crédito.
Los portavoces municipales del PSOE y de PSM-Els Verds, Pau Morlà y Fanni Riudavets, respectivamente, reiteraron el mismo argumento utilizado por Portella y recalcaron la necesidad de que el Ayuntamiento dispusiera de liquidez para afrontar el pago de las facturas pendientes.
Por otra parte, el pleno aprobó con la abstención del PSOE la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del IBI. El Grupo Socialista había denunciado que a la subida del 18,5 por ciento aprobada por el equipo de gobierno del PP se debía añadir la aplicación progresiva de los valores catastrales, de entre el 5 y el 10 por ciento, así como la subida añadida del 6 por ciento en el IBI decretada por el Gobierno central. Ante ello, los socialistas habían asegurado que el incremento para este año oscilaría entre el 26 y el 32 por ciento, según el valor catastral de las viviendas.
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