Imagen de los imputados durante la vista previa de esta mañana en Palma - LL.A.C.

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Un acuerdo entre las defensas de los seis imputados, la Fiscalía y la acusación particular ha permitido dar carpetazo esta mañana al caso de "Ses Rates", con todos los acusados condenados pero sin que ninguno de ellos tenga que ingresar en prisión.

Finalmente, el ex concejal del Partit Menorquí (PMQ) en Ciutadella, Llorenç Casasnovas, ha sido condenado a un total de doce meses de prisión por los delitos de falsedad en documento oficial y por fraude a la Administración.

En el escrito de acusación, la Fiscalía pedía para él siete años de prisión, y le imputaba el delito de negociaciones prohibidas, malversación y tráfico de influencias, cargos que finalmente se han descartado tras el acuerdo entre las diferentes partes.

Por su parte, Avel·lí Casasnovas, ex teniente de alcalde de Urbanismo por el Partido Popular ha sido condenado a tres meses de prisión por el delito de fraude en grado de tentativa y como cooperador necesario. De esta manera, el acuerdo alcanzado libera a Casasnovas de la imputación por malversación, y rebaja la pena que para él solicitaba el fiscal, que alcanzaba los dos años y medio de prisión.

El resto de imputados también ha visto notablemente disminuidas las penas que para ellos solicitaba en su escrito de acusación el Ministerio Fiscal, quien además en un momento de la vista pidió que todos los acusados, excepto Antoni Picó, fueran acusados también de prevaricación administrativa, algo que, de nuevo debido al acuerdo de conformidad, no prosperó.

Así, al empresario Antoni Picó Ginard se le condena a dos meses de prisión por un delito de fraude, que serán conmutados por una multa de 720 euros. Maria Antonia Castro, ex empleada municipal, ha sido condenada a nueve meses de prisión por falsedad en documento público; Xavier Quintana, ex director de Urbanismo, y Filomena Salord, ex empleada municipal, han recibido la misma condena, tres meses de prisión por un delito de fraude.

La vista, celebrada en la Audiencia Provincial de Palma, ha empezado sin acuerdo y con la discusión de las llamadas cuestiones previas, las dudas que las partes implicadas en el juicio presentaron sobre la competencia del tribunal presidido por Eduardo Calderón para enjuiciar este caso. Finalmente, las cuestiones previas no han sido debatidas al alcanzarse el acuerdo de conformidad.