La juez apunta al secretario y al asesor jurídico en el caso CITUR

Además del ya relatado papel del exconcejal de Turismo Gabriel Cardona, la magistrada destaca el papel del secretario del Ayuntamiento, Santiago Saura y del asesor jurídico del Consistorio, José María de Simón.

Si ayer este periódico ya explicaba que, según la juez, Cardona era el encargado de ordenar las adjudicaciones directas de proyectos a la empresa del gerente del Plan de Dinamización del Producto Turístico, la lectura íntegra del auto añade que "el secretario del Ayuntamiento no sólo ideó la existencia de resoluciones bis (...) que incluían manipulaciones en las fechas, sino que fue él quien ordenó, junto con el señor Cardona y con el conocimiento y consentimiento del señor De Simón, a funcionarios la alteración de documentos públicos".

Según la juez Raquel Martínez Codina, mientras Saura era el encargado de ordenar estas manipulaciones de documentos públicos, De Simón emitió unos informes "necesarios para que pudieran tener lugar las adjudicaciones directas que se produjeron desde dichos organismos públicos (CITUR y el Consorci Pla Mirall) que faltaban a la verdad".

Con esta descripción, la juez describe un núcleo duro en este caso formado por el exconcejal Gabriel Cardona y los dos técnicos municipales, ambos de alto rango dentro del Consistorio. Sobre otros técnicos también imputados, el auto judicial explica la imputación de varios de ellos por haber firmado resoluciones de adjudicación directa, o "presupuestos y facturas que les fueron presentados por Gabriel Cardona, sabedores (los funcionarios) de que los mismos no se atendían a la realidad ni a la legalidad vigente, pasando con ello a ser colaboradores de la trama urdida en el seno del Ayuntamiento".

La magistrada Martínez Codina también apunta que los técnicos realizaron informes técnicos con posterioridad a las fechas oficiales que figuraban en los expedientes administrativos de contratación pública, sabiendo que con ello se simulaban los documentos públicos necesarios para revestir de legalidad a posteriori la contratación administrativa del ente público". En definitiva, acusaciones de prevaricación administrativa, es decir, obrar infringiendo la normativa a sabiendas.

Del empresario Manel Mercadal, la juez relata que actuó en connivencia con Gabriel Cardona "presentado al cobro presupuestos de servicios ya prestados con anterioridad por el importe pactado con el señor Cardona, por lo que el precio a abonarle no surgía de la necesaria libre concurrencia en el mercado, llegando incluso en algunos supuestos a presentarse a concursos con tres empresas distintas de las que era administrador o accionista, lo que resultó ser una simulación de concurso".

Sobre Llorenç Brondo, el auto dice lo que ayer ya explicó este periódico, que era conocedor de que las adjudicaciones de determinados proyectos se realizaban cuando las obras ya habían concluido. Y de las otras dos políticas imputadas, Antònia Salord y Antònia Gener, la juez explica que "dictaron, a sabiendas de su injusticia, resoluciones administrativas arbitrarias".