Si bien quedan aún algunas formalidades jurídicas, puede decirse ya que el caso CITUR está entrando en su recta final y cada día está más cerca el juicio que deberá determinar si existieron irregularidades en el área de Turismo del Ayuntamiento de Ciutadella durante el mandato del PP y de Llorenç Brondo.
Ayer, la titular del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Ciutadella dictó un auto en el que da por concluida las diligencias del caso y abre el período para que el Ministerio Fiscal y la acusación particular, ejercida por UPCM, presenten sus escritos de acusación y soliciten la apertura de juicio oral o, algo muy improbable, el sobreseimiento de la causa.
El auto de la juez concreta las acusaciones que, según ella, pesan sobre cada una de las personas imputadas en esta causa, y entre ellas, destaca un nombre, el de Gabriel Cardona, exconcejal de Turismo. Sobre él pesan cinco presuntos delitos: falsedad documental, prevaricación administrativa, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude.
Su abogado, que ayer por la tarde aún no había recibido el auto judicial, apuntaba que exigirán la práctica de más diligencias, posibilidad que queda abierta en el auto aunque solo en el caso de que se consideren imprescindibles. Tal como ya informó este periódico, la defensa de Cardona tiene previsto solicitar la comparecencia del interventor municipal, y no descarta pedir otras pruebas si así lo considera oportuno tras la lectura detallada del auto.
Junto con Gabriel Cardona, la juez mantiene la imputación de los otros cuatro cargos políticos que formaban lo que se podía considerar la cúpula del gobierno municipal del PP en Ciutadella. Así, el auto atribuye al exalcalde Llorenç Brondo y a su mano derecha y exconcejal de Urbanismo, Avel·lí Casasnovas, los presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. Para Antònia Gener, actual secretaria general del PP de Menorca y anterior concejala de Hacienda, y para Antònia Salord, ex concejal de Gobernación y alcaldesa accidental en algunos momentos, la juez mantiene la imputación por un presunto delito de prevaricación administrativa.
A parte de los imputados políticos, el auto judicial mantiene la acusación contra el empresario Manel Mercadal, a quien imputa un presunto delito de falsedad documental, tráfico de influencias y fraude. También se inculpa al ingeniero Daniel Aguiló, ingeniero autor de muchos de los proyectos bajo sospecha en este caso, por presunta falsedad documental y fraude, y también a Javier Arturo Liy, exgerente del Plan de Dinamización del Producto Turístico de Ciutadella, por los mismos delitos que Aguiló más el de tráfico de influencias.
El resto de imputados son trabajadores del Ayuntamiento. Así, a Sara Ester Allès, Xavier Cardona, Soledad Navarro y María Teresa Bagur, la juez les imputa un presunto delito de falsedad documental. Al asesor jurídico Santiago Saura se le imputan los delitos de falsedad documental y tráfico de influencias, mientras que al otro asesor José María de Simón, se le acusa de falsedad documental y prevaricación administrativa.
El auto de la juez deja fuera del caso a seis personas, todas ellas cargos técnicos, que hasta ahora mantenían la calificación de imputados en esta causa: Miguel Ángel Mayol Amengual, Gisela Loran Benavente, Gemma Julia Arellano Abia, María Teresa Vergara López de San Román, José Manuel Urós Gallego y Maria Antonia Castro Santos.
Ahora habrá que esperar si se presentan recursos contra este auto judicial pidiendo la absolución de algunos imputados, algo que no se descarta por parte de algunas defensas, según ha podido saber este periódico.
Los principales imputados
Gabriel Cardona
Exconcejal de Turismo desde el año 2003, primero con el PP y después con el Grupo Mixto, la juez le imputa cinco presuntos delitos, lo que le coloca como el principal imputado en este caso. Así, la titular del Juzgado de Instrucción número 2 le imputa los presuntos delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude.
Avel·lí Casasnovas
Exedil de Urbanismo y expresidente del PP de Ciutadella, se le acusa de prevaricación y malversación de caudales públicos.
Llorenç Brondo
Exalcalde de Ciutadella, se le imputan los delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.
Antònia Gener
Exconcejala de Hacienda y actual secretaria general del PP de Menorca, se la acusa de prevaricación administrativa.
Antònia Salord
Exconcejala de Gobernación, se le imputa el presunto delito de prevaricación administrativa.
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