El pleno del Consell aprobó ayer el plan de ajuste que le permitirá acceder a la línea de crédito ICO abierta por el Gobierno y así poder pagar a partir de mayo los 3,3 millones de euros que debe a proveedores. Este plan, certificado por el interventor, se ha presentado según el formulario del Ministerio de Hacienda y afectará a la gestión del Consell hasta 2022. La nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria permite al Gobierno controlar, sancionar e intervenir, si hace falta, a cualquier administración pública. El Plan de ajuste del Consell es el documento base para llevar a cabo este control.
La consellera Pilar Pons calificó de "insostenible" la economía de la institución y de "imprescindible" la presentación del plan. El dato que lo demuestra es que el remanente de tesorería para gastos generales al cierre de 2011 era negativo en más de 11 millones de euros. El objetivo es no gastar más de lo que se ingrese.
El peso de la prueba de esta situación recae principalmente en la Comunidad Autónoma, más que en la gestión política anterior. La consellera del PSM, Maite Salord, que no pudo asistir al pleno porque coincidió con la sesión municipal de Ciutadella, ha afirmado que el Govern debe al Consell 19,9 millones. "Con este dinero, no necesitaríamos plan de ajuste".
El equipo de gobierno, en el documento aprobado ayer, insiste en que la dependencia financiera del Govern obliga, no solo al cumplimiento de los pagos, sino a mejorar la financiación. Su revisión es un compromiso pendiente desde 2007 y por ese motivo se aprobó en 2010 un "anticipo" de 4,5 millones que todavía el Govern no ha abonado.
Pilar Pons insistió ayer en que el pago de las deudas a los proveedores es una medida para incentivar la economía y "evitar que sigamos perjudicando a las empresas". También indicó que este crédito permitirá reducir la cantidad del préstamo aprobado en los presupuestos del Consell por un importe de 1,8 millones. Prometió reducir, no eliminar.
Los consellers del PSOE se abstuvieron. Marc Pons, después de su renuncia, ya no asistió al pleno, y Joan Marqués se estrenó como portavoz. Insistió en su temor de que detrás de la sana intención de pagar a los proveedores y presentar un plan de ajuste se esconda un objetivo político. Se refería a los criterios de austeridad que separan a populares y socialistas y a la posible privatización de servicios. Se mostró en desacuerdo con dar prioridad a los proveedores que presenten una 'quita' en sus facturas.
La aprobación del plan de ajuste pretende ser una vacuna contra el exceso de gasto.
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