Las administraciones menorquinas deben más de 15 millones a proveedores

Esta es la cantidad que las administraciones menorquinas, a la espera de que Ciutadella haga oficiales también sus números, solicitarán al Ministerio de Hacienda para que sea financiada dentro del llamado plan de pago a proveedores. Con el dinero que llegue de Madrid (que deberá ser devuelto en un plazo de diez años y con un interés cercano al 5 por ciento), las instituciones insulares podrán pagar casi 6.000 facturas pendientes (siempre sin contar con Ciutadella que no oficializó sus datos ayer y sin el Consell, que no contabilizó el número de facturas pero sí su importe económico). Estos pagos permitirán a 844 proveedores obtener unos ingresos que, en algunos casos, llevaban tiempo esperando. Es el caso de Alaior. Entre las facturas enviadas a Madrid, se han localizado algunas del año 2004.

Y es que Alaior es, con diferencia, la administración de la Isla que más dinero ha solicitado a Madrid, casi 4,5 millones de euros. 238 proveedores están pendientes de cobrar alguna deuda que mantiene con ellos el Consistorio, y si ese dinero se tuviera que pagar por parte de los ciudadanos del municipio, cada uno debería desembolsar 468,2 euros. La alcaldesa, Misericordia Sugrañes, explica que las facturas pendientes suponen algo más de la mitad de la deuda que mantiene el Ayuntamiento. A pesar de que el Consistorio deberá hacer frente a los intereses económicos que generará el pago de esta deuda a través del dinero procedente de Madrid, Sugrañes defiende que "los proveedores no tienen ninguna culpa de los problemas que tenemos en la Administración. Es nuestra responsabilidad pagar la deuda que tenemos con ellos".

Es Migjorn Gran y Ferreries son los siguientes municipios en nivel endeudamiento si se tiene en cuenta su población. En Es Migjorn Gran, cada uno de sus ciudadanos debería pagar 353,9 euros para saldar la deuda con los proveedores, y en Ferreries 333,9 euros. Además, Ferreries tiene más facturas pendientes de pago que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Maó, a pesar de que éste quintuplica la población del municipio ferreriense.

En el otro extremo de la balanza se sitúa Sant Lluís. El Ayuntamiento apenas ha contabilizado una decena de facturas pendientes de pago, que afectan a cuatro proveedores. En total, unos 100.000 euros de deuda que, repartida entre sus ciudadanos, toca a 13,5 euros por cabeza. El alcalde, Cristóbal Coll, explica que "nuestra filosofía se basa en que es preferible estar endeudados con los bancos antes que con las empresas. No queremos que nuestros proveedores nos hagan de banco".

La gran mayoría de los alcaldes se quejan de que la deuda que los consistorios arrastran con sus proveedores surge en muchos casos por la deuda que otras administraciones, especialmente el Govern y el Consell, mantienen con ellos. De hecho, en varios casos, si estas dos administraciones superiores pagaran todo lo que deben a los consistorios menorquines, éstos podrían abonar a su vez todo el dinero que deben a las empresas suministradoras. "Nosotros no cerraremos porque nos deban dinero, pero las empresas sí lo harán, y algunas ya lo han hecho", resume la teniente de alcalde de Hacienda de Es Castell, Irene Coll.