En febrero de 2008, el Consell multó a Valeriano Allés con 390.225 euros por las presuntas irregularidades urbanísticas que el empresario había cometido en la cantera de Son Sintes, en Ciutadella. Allés decidió recurrir esta decisión, aunque a la vez abonó la multa mediante un cheque bancario en noviembre del año 2008. Tres años más tarde, en mayo de 2011, un juzgado de Palma cambió el guión al concluir que la multa no había sido correctamente impuesta, y ordenaba que el proceso se iniciara de nuevo.
Ahora, el Consell ha puesto en marcha el proceso para devolver a Valeriano Allés la cantidad que éste pagó en concepto de multa, más los intereses económicos por el tiempo que la institución insular ha tenido en sus arcas un dinero que, en principio, no le correspondía.
De este modo, el Consell ha calculado que a Valeriano Allés le corresponden 401.839,69 euros en concepto de la multa pagada en su día, más otros 68.059,53 euros de intereses de demora por el tiempo transcurrido entre el pago de la multa y la devolución de la misma.
Desde la institución insular explican esta decisión como cumplimiento estricto de una sentencia judicial, que aseguraba que el proceso seguido para sancionar a Valeriano Allés no había sido correcto por la intervención de dos personas que deberían haber quedado al margen, según el tribunal, de este proceso. El tribunal se refería al expresidente Marc Pons, de quien aseguró que existía una enemistad manifiesta con el empresario, y a la instructora del caso por haberse posicionado previamente a la instrucción formal del proceso.
La sentencia judicial ordenó que el proceso volviera atrás, justo en el punto anterior a la intervención de estas dos personas. De todos modos, una sentencia más reciente de noviembre del mes pasado modifica en parte la decisión anterior del tribunal, al asegurar que el comportamiento de la instructora del proceso sí fue correcto y su presencia no interfirió para nada en el resultado final.
En cambio, en el caso de Marc Pons esta sentencia ratifica que quien entonces era conseller de Ordenación del Territorio debiera haberse abstenido por existir indicios de enemistad manifiesta con el empresario expedientado. Aun así, el fondo de la cuestión sigue siendo similar, puesto que el proceso debe retrotraerse al momento antes de la intervención de Marc Pons, en este caso a la autorización de la sanción.
Por esto, desde el Consell entienden que formalmente, ahora el proceso no ha concluido y no existe ningún acuerdo para sancionar al empresario cantero. Por lo tanto, si no hay multa, no debe haber ningún ingreso en este sentido, y por eso se decide retornar el dinero.
Ahora bien, fuentes consultadas por este periódico aclaran que la devolución de la multa no significa que este proceso haya terminado. De hecho, la propia sentencia así lo establece, cuando asegura que "esto no significa que la entidad mercantil Valeriano Allés Canet SL no haya cometido la presunta infracción por la que fue sancionada por la resolución impugnada en esta causa.
Esa decisión deberá ser adoptada una vez tramitado de nuevo el procedimiento sancionador con un nuevo órgano instructor y con un nuevo órgano decisor". Así, según ha podido saber este periódico, la tramitación de este nuevo procedimiento sancionador no tardará mucho tiempo en resolverse. Será entonces cuándo se sabrá si las presuntas irregularidades urbanísticas por las que se sancionó al empresario se mantienen, y si se decide sancionarle. Si fuera así, el encargado de firmar este expediente sería el actual conseller de Ordenación del Territorio, Cristóbal Huguet, ya sea por este cargo o por ser el presidente del Consorcio de Disciplina Urbanística en Suelo Rústico.
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