LL.A.C.Ciutadella27/02/12 0:00
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El pasado viernes, el Gobierno central explicaba algunas de las líneas de su programa que debe permitir a los proveedores de las administraciones públicas cobrar en pocos meses la deuda pendiente. Uno de los puntos más destacados de este programa, del que aún quedan detalles por conocer, es la priorización de los pagos a aquellas empresas que acepten reducir el importe de su factura a cambio de ser los primeros en recibir el dinero que les adeuda la administración. ¿Aceptarán las empresas menorquinas esta condición?
Para el director de CAEB en Menorca, Josep Fortuny, algunas sí. "Existen muchos colectivos que lo están pasando francamente mal por la gran cantidad de dinero que les adeudan los gobiernos, y algunas de estas deudas se remontan ya muy atrás en el tiempo", expone Fortuny. En este marco de situaciones límite, el economista entiende que "si existe la posibilidad de cobrar ya es algo muy positivo, y por eso entiende que habrá empresas que, como mínimo, estarán dispuestas a negociar con la Administración, aunque la clave para estas conversaciones será conocer cuál es la reducción de la factura que se pide desde las administraciones".

Fortuny admite que, a pesar de que seguramente algunas empresas utilizarán esta fórmula, no es la situación ideal, "puesto que los trabajos se han ejecutado íntegramente, y por lo tanto lo lógico sería cobrar toda la deuda". En la misma línea se expresa el secretario general de PIME, Pau Seguí, quien entiende que las administraciones no solamente deben abonar íntegramente su deuda, "sino que también tienen que pagar el interés de demora que fija la Ley y que actualmente está fijado en un ocho por ciento anual".

Seguí elogia la iniciativa del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de articular un sistema para que las administraciones se pongan al día en su deuda. "Es una de las medidas económicas más importantes de la democracia, una idea brillantísima que no debería haberse ensuciado con la inclusión de esta especie de quita, más propia de un estado como Grecia", apunta el secretario general. Según él, "las administraciones ya pagan con suficiente retraso como para además, ahora exigir esta quita a sus proveedores, muchos de los cuales han tenido que recurrir a pólizas de crédito o a préstamos para poder cubrir lo que no les ha pagado la Administración".

Las patronales recuerdan que algunas empresas, sobre todo de la construcción, han tenido que cerrar sus puertas por los impagos del sector público.