Los abogados de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras (CCOO) preparan la demanda por conflicto colectivo que el comité de empresa del Ayuntamiento de Maó presentará ante el Juzgado de lo Social, para que sea el juez quien dirima el conflicto laboral surgido a raíz del recorte de las prestaciones sociales aprobado por el actual equipo de gobierno.
Al mismo tiempo, según informó ayer el presidente del comité de empresa, Josep Garriga, los trabajadores valoran si se presentará, en paralelo, un recurso contencioso administrativo contra el decreto de recortes aprobado el pasado diciembre.
El comité representa al personal laboral del Consistorio, alrededor de 350 trabajadores, que han decidido acudir a los tribunales porque consideran que los recortes afectan "a derechos amparados por la ley, no son privilegios" y aunque no fueron aceptados por la plantilla "se están haciendo de todos modos".
A la demanda por conflicto colectivo podrían adherirse también los funcionarios, representados por la junta de personal, y que está formada por unos 80 trabajadores, entre ellos los agentes de la Policía Local, que el pasado diciembre ya protagonizaron una protesta en la sala de plenos del Ayuntamiento.
Garriga afirmó que el teniente de alcalde de Servicios Generales, Salvador Botella, ha sido informado de esta decisión de la plantilla.
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