Las casetas de La Solana no entran en la concesión de la ribera norte del puerto de Maó como explotación, aunque sí como zona de influencia, según aclararon ayer fuentes de la Autoridad Portuaria de Balears (APB) tras la polémica suscitada sobre la inclusión de esta zona en las bases del concurso de amarres para la gestión de marres en S'Altra Banda. Esta matización significa que el pliego de condiciones exige a la empresa que resulte ganadora respetar las instalaciones e infraestructuras existentes en esta zona sujetas a otro tipo de permisos y licencias, como por ejemplo, las destinadas al marisqueo, situadas en zona de dominio público marítimo-terrestre y también en régimen de concesión.
La zona de influencia abarca un total de 374.311 metros cuadrados; 446.209 en zona marítima y 28.102 en superficie de tierra. Precisamente, es aquí donde se encuentran las antiguos embarcaderos, muelles, varaderos, rampas y las concesiones de marisqueo. La mayoría de los propietarios de parcelas en régimen de concesión de la zona de La Solana ya han entregado las lleves a APB, excepto tres propietarios de cinco parcelas (el cantante Víctor Manuel y la familia Milà), con los que el ente mantiene un contencioso. El pliego de condiciones especifica que corresponderá a la empresa adjudicataria la vigilancia, mantenimiento, conservación y limpieza de esta zona de influencia.
Retirada de barcas
En concreto señala que se encargará "del mantenimiento de las condiciones de higiene y salubridad, de la retirada de residuos, restos de embarcaciones y vehículos, materiales residuales y elementos abandonados sin la debida autorización de la APB, de las labores de mantenimiento de las debidas condiciones de seguridad y medioambientales y del acondicionamiento y la protección de taludes y de espacios de ribera del mar, de la zona de servicio portuaria y de su espejo de agua".
APB también aclara que aunque el pliego obliga a la adjudicataria a condicionar los accesos a los pantalanes, "todos son públicos, no hay ninguno privado", estas mejoras deberán realizarse con el correspondiente permiso municipal y, por tanto, con el visto bueno del Ayuntamiento de Maó. Igualmente, subraya que el Consistorio de Maó ha estado al corriente, desde un principio, de los pasos dados por APB sobre el concurso de amarres de S'Altra Banda, en respuesta a las acusaciones de falta de información vertidas desde el equipo de gobierno municipal.
De hecho, recuerda que hasta la aprobación definitiva de las bases, se llevaron a cabo "cuatro reuniones presenciales". En la primera se dieron a conocer la bases del concurso. La segunda reunión se convocó a petición de la representante del Consell, la alcaldesa de Maó, Águeda Reynés. Este encuentro se celebró antes de la reunión del consejo de administración de APB en el que Reynés solicitó la retirada del orden del día la aprobación de las bases. A la tercera reunión, en la que, según APB, se abordó precisamente la cuestión de La Solana y se explicó que las casas no entraban en el concurso de explotación, asistieron el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Maó, Salvador Botella, el conseller insular de Ordenación del Territorio, Cristóbal Huguet y responsables de APB, entre los que estaba el presidente del ente gestor, José María Urrutia. En la cuarta reunión se abordaron de nuevo las bases del concurso, así como otros temas relacionados con el puerto de Maó. Fuentes de la APB recalcan que las bases del concurso aprobadas el pasado 26 de enero "son las mismas" que fueron retiradas del orden del día del consejo de administración de APB en diciembre de 2011 a petición de Águeda Reynés.
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