La nueva ordenanza de Sant Joan que regulará la actividad de los bares y que implica un marco normativo de buenas prácticas, también para los asistentes, ha generado todo tipo de opiniones.
Por un lado, a nivel ciudadano, ha gustado que lleguen restricciones por los casos de abusos en el volumen de la música en algunos establecimientos o que, al fin, sea obligado para todos los bares dar acceso público a los lavabos. También, según los comentarios de la calle, se valora de forma positiva que los establecimientos estén obligados a colgar la lista de los precios de las bebidas y que se sancione vender alcohol a los menores.
En cambio, la prohibición de "replecs" en la calle o el pago de una fianza para los "festers" no se entiende del todo.
Entre los empresarios no hay una postura unánime sobre las restricciones que llegan. Así, las asociaciones de bares y cafeterías integradas en PIME-Menorca y CAEB, respectivamente, quieren primero analizar la ordenanza antes de emitir su opinión al respecto.
La Asociación de Bares del Puerto de Ciutadella, que aglutina a los pubs de Es Pla, también analiza el nuevo marco normativo. Asimismo, los comercios de Ciutadella Antiga y los vecinos de Ciutadella Vella están estudiando la ordenanza para presentar sus aportaciones.
Pese a que no hay una opinión unitaria al respecto, algunos empresarios de bares consideran excesivo que se deba pagar una fianza de 1.500 euros para poder abrir el establecimiento por Sant Joan y creen que se trata de una medida recaudatoria. Otros inciden en que las restricciones pueden contribuir a fomentar el fenómeno del "botellón" durante las fiestas, con bebidas conseguidas en supermercados.
La concejal de Gobernación, Juana María Pons Torres, afirma que ayer muchas entidades le solicitaron el documento de la ordenanza para analizarlo. Avanza que el equipo de gobierno dará un plazo de diez días para que asociaciones y colectivos puedan presentar aportaciones. La nueva ordenanza, única en la Isla sobre las fiestas y pionera por haberse resuelto con consenso político, será aprobada el próximo mes.
Después se abrirá un periodo de exposición pública y alegaciones que el Ayuntamiento resolverá antes de su aprobación definitiva. La idea es que la ordenanza entre en vigor este Sant Joan.
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