Huguet garantiza apoyo a Sant Lluís para restituir la legalidad

Así lo declaró ayer el conseller de Ordenación del Territorio y presidente del Consorcio para la Protección del Suelo Rústico, Cristóbal Huguet, quien añadió que "lamento muchísimo que actuaciones de tanta irresponsabilidad por anteriores gestores del Ayuntamiento y del Consell hayan conducido a esta situación, que sobre todo perjudicará a la economía institucional de los ciudadanos de Sant Lluís".

Huguet realizó estas declaraciones al mismo tiempo que, en el Consistorio de Sant Lluís, se desarrollaba el pleno en el que el equipo de gobierno actual, del Partido Popular, daba a conocer el auto del Juzgado Contencioso Administrativo número uno de Palma, en el que se requiere al Ayuntamiento que, antes del 10 de marzo, presente el proyecto de demolición de las obras afectadas por la sentencia emitida en 2006 (en la que se declaró la ilegalidad del permiso municipal).

Dos procedimientos
El apoyo del Consell al Ayuntamiento no puede obviar, sin embargo, la existencia de dos procedimientos diferentes, recalcó Huguet. Uno, el que conduce al auto comunicado ayer al pleno de Sant Lluís, y que deriva de la denuncia presentada por el exconcejal del PSM, Guillem Mercadal; el otro, el expediente de disciplina urbanística abierto tras una inspección del Consorcio de Protección del Suelo Rústico.

Este último expediente está pendiente de resolución debido al recurso presentado por la propiedad de la vivienda. Aunque el Ayuntamiento de Sant Lluís ha solicitado al Consorcio que continúe con el expediente de ejecución subsidiaria de la demolición, éste sigue a la espera de una resolución judicial.

Mientras tanto, el conseller de Ordenación manifestó que el Consorcio "no puede sustituir al Ayuntamiento en la ejecución de la sentencia". Huguet afirmó que "nosotros estamos preparados para la demolición", y garantizó que el gobierno municipal podrá tener una copia de dicho proyecto de derribo si lo requiere el juzgado. El conseller recordó que el litigio nace de una decisión tomada por los gobernantes del PSOE en el Ayuntamiento y del pacto entre el PSOE y el PSM que dirigió el Consell insular.