La Unión Europea se ha dirigido formalmente al Consell de Menorca para interesarse por la normativa comercial que impera en la Isla. Fuentes consultadas por este periódico interpretan que este requerimiento de las instituciones europeas surge con la tramitación del anterior Plan Director Sectorial de Equipamientos Comerciales, y después de que alguien se pusiera en contacto con Europa para avisar de un posible incumplimiento de las directivas comunitarias.
Concretamente, la Unión Europea ha solicitado al Consell un informe para determinar si es cierto que existen restricciones a la implantación de equipamientos comerciales, y si es así, saber si estas limitaciones permanecen vigentes y cuál sería su justificación. Desde la institución insular se está a la espera de un informe jurídico para responder ante Europa, pero todo apunta a que el equipo de gobierno usará como argumento la decisión de no aprobar finalmente el Plan Director de Comercio que había redactado el anterior gobierno de PSOE y PSM.
No obstante, a pesar de esta posible argumentación, persistirá aún una duda. Las fuentes consultadas por este periódico explican que Europa pregunta por el Plan Director de Comercio, pero también por el Plan Territorial Insular (PTI), que también ordena el territorio en materia comercial. Así, cabe recordar que el Plan Director establecía limitaciones que fijaban la superficie máxima de los comercios en 1.500 metros cuadrados en casos excepcionales. Esta normativa no se aplicará porque, sencillamente, no llegó a aprobarse de manera definitiva tras el cambio de color político en el Consell. Pero la no existencia de una normativa insular específica para el comercio no significa que no existan limitaciones. En este caso, es el PTI y la legislación autonómica las que rigen. En el caso de la normativa balear, el límite vuelven a ser los 1.500 metros cuadrados, mientras que el PTI excluye cualquier gran superficie, es decir, cualquier comercio de más de 400 metros cuadrados.
La interpretación jurídica de este panorama normativo es complejo, y por eso el Consell está a la espera del informe que clarifique la situación. Este debate, de hecho, ya se produjo en el Consell en el pasado mes de octubre, cuando PSOE y PSM pidieron al equipo de gobierno que accediera a elaborar un informe externo para clarificar la normativa a aplicar en la situación actual. El equipo de gobierno no aceptó esta petición, argumentando que la Ley balear modificada en el año 2009 ya supone un marco claro para aplicar en materia comercial. Además, desde el Partido Popular se criticó a PSOE y PSM por querer mezclar la normativa comercial y territorial, según afirmó en un pleno de la institución insular el conseller de Ordenación del Territorio, Cristóbal Huguet.
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