Europa reduce en 4,2 millones su inversión en la desaladora

Joan Triay recordó que en un folleto público, repartido cuando la desaladora ya estaba prácticamente acabada, tanto el Govern balear como el Ministerio de Medio Ambiente presumían de que Europa financiaba un 50,22 por ciento del coste del proyecto mediante los fondos de cohesión. Si se aplica este porcentaje al coste de la desaladora que, según el propio Govern, es de 23 millones de euros, se concluye que la Unión Europea debía aportar 11.550.600 euros. Esta es la teoría, porque en la comunicación oficial que el Govern ha remitido al Ayuntamiento de Ciutadella, el Ejecutivo autonómico admite que desde Europa solamente han llegado 7.268.809 euros, o lo que es lo mismo, se ha financiado finalmente el 31,6 por cien de las obras. Cabe recordar que en algún momento, cuando se empezó a hablar de la posibilidad de construir una planta desaladora en Ciutadella y las posibles ayudas que llegarían de otras administraciones, se apuntó incluso que la Unión Europea podía sufragar el 75 por ciento del proyecto.

De este modo, Triay denuncia que de las promesas a los hechos, el Govern ha dejado de percibir 4.281.791 euros, un dinero que supuestamente se había comprometido, según se podía leer en el folleto oficial. Parece que el Govern también admite que ha llegado menos dinero del que esperaba, puesto que en la misma comunicación remitida al Ayuntamiento en la que informa de los fondos europeos, asegura al Consistorio que "los 16 millones de euros restantes son los que tenemos que pagar nosotros a través de la tarifa". Es decir, el coste de la inversión se repercutirá finalmente en la factura que pagarán los contribuyentes. Este dato es importante porque en algunos momentos se dudó si el precio que pagarán los ciutadellencs por el agua desalada (si es que al final la consumen) serviría simplemente para pagar el coste de desalinización del agua, sin incluir en este precio el coste de construcción de la planta. Según esta comunicación oficial del Govern, todo hace pensar que al final los ciudadanos acabarán pagando tanto el coste de producción como la inversión que se tuvo que hacer para construir la planta desaladora.