Los ayuntamientos exigen un calendario de pagos del Govern

La propuesta partió del alcalde de Es Mercadal, el socialista Francesc Ametller, quien al término de la reunión celebrada ayer por la Comisión de Presidentes de Corporaciones Locales explicó que la Comunidad Autónoma debe a su municipio 2,3 millones de euros, con facturas pendientes de las obras acogidas a la Ley de Barrios y también por asistencia a la dependencia.

El compromiso de Tadeo es que el vicepresidente económico del Govern, Josep Antoni Aguiló, se traslade a la Isla y se entreviste personalmente con los alcaldes, para que éstos puedan exponerle las dificultades económicas que atraviesan. "Hay que poner fecha ya a los pagos del Govern, tenemos que decirlo desde Menorca, ayuntamientos y Consell, para que nos traten como a un proveedor, porque llevamos más de un año sin cobrar ni un céntimo", aseguró el alcalde de Es Mercadal.

Otros municipios, como Alaior, que también realizaron obras acogidas a la Ley balear de Barrios, se encuentran con graves problemas de tesorería; su alcaldesa, Misericordia Sugrañes, planteó el problema en la junta celebrada ayer en Es Castell.

En Sant Lluís esperan el cobro de una deuda que supera el millón de euros, tal y como recordó su alcalde, Cristóbal Coll, y han visto como el Govern rescindía de modo unilateral el convenio para la reforma del polideportivo, que el Consistorio se ve obligado a abordar en solitario. "Tenemos deudas sin cobrar desde hace más de un año, otras incluso son de los años 2008 y 2009", explicó Coll.

El problema de financiación de los municipios, agravado por el impago de las facturas por parte del Govern, pone en peligro uno de los proyectos del Consell para la mejora de las urbanizaciones turísticas.

El gobierno insular ha presupuestado 2 millones de euros para invertir en dichas zonas, pero requiere de la implicación de los ayuntamientos, que hoy por hoy, tienen sus arcas vacías.

El alcalde de Es Mercadal ha planteado la posibilidad de licitar obra pública y pagar parte de su coste con parcelas públicas, lo que exigiría un cambio normativo por parte del Govern.