El pleno del Ayuntamiento de Alaior aprobó anoche con los votos a favor del PP, la abstención de PSOE y PSM, y el voto en contra de EM-IA, el plan de ordenación del personal municipal rubricado días antes por unanimidad en la mesa de negociación con los sindicatos UGT y CCOO. Dicho plan de medidas urgentes incluye la denuncia del convenio colectivo de personal laboral y del pacto del personal funcionario, en favor de un nuevo marco de relaciones laborales en el Ayuntamiento.
El objetivo, según el equipo de gobierno, es eliminar ciertos agravios comparativos a igual puesto de trabajo y equiparar condiciones del personal laboral y funcionario.
Las medidas acordadas son de carácter temporal, es decir, su vigencia es de tan sólo un año (de enero a diciembre de 2012). El reajuste afectará a los 146 trabajadores municipales. Contempla una treintena de puntos que afectan a las horas extraordinarias, bajas, permisos y horas sindicales, entre otras cuestiones.
Así por ejemplo de las 35 horas sindicales del anterior mandato se pasan a 15; se suprime el premio de natalidad; no se abonarán ayudas para escolarización obligatoria; se suprimen las horas extras "excepto en casos excepcionales"; tampoco se abonan ayudas para formación universitaria ni ayudas médicas.
"Ha sido una negociación donde se ha cedido por las dos partes. No hay ni vencedores ni vencidos", aseveró ayer el concejal de Recursos Humanos, Arturo Pons.
El edil negó que hubieran existido presiones en respuesta a las críticas del principal partido de la oposición. "En la negociación había diez representantes sindicales con sus respectivos asesores y en algunos casos hubo acuerdo enseguida y en otros se tardó más tiempo. La gente ha entendido que las medidas eran necesarias", remarcó.
No obstante, por la mañana, el secretario general de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT, Llorenç Valls, denunció "coacciones" a los delegados sindicales de UGT presentes en la negociación. Dijo que se habían visto obligados a ceder "las garantías sociales" ganadas durante los últimos años, bajo la "amenaza" de posibles despidos a trabajadores municipales. "Lo que me parece más grave es que a pesar de los esfuerzos y sacrificio que hacen los trabajadores en rebaja de sueldos, ni siquiera se les pueda garantizar su puesto de trabajo", explicó. Valls se mostró muy crítico con el acuerdo, especialmente con la decisión de suprimir el convenio del personal laboral y el pacto de personal funcionario en favor de un nuevo marco de relaciones. "Lo que no se puede hacer es defender a un colectivo a costa de que otro pierda seguridad", argumentó. El responsable de la FSP insinuó incluso la posibilidad de que UGT considere "alegal" el acuerdo alcanzado por sus propios delegados sindicales y de CCOO en el Ayuntamiento de Alaior.
Precisamente también anoche los tres partidos de la oposición reprocharon al equipo de gobierno que no garantice el mantenimiento de la plantilla a pesar de los sacrificios que harán los trabajadores. El portavoz de EM-IA, Josep Portella, criticó el hecho que no se haya cuantificado el ahorro que supondrá este reajuste laboral, así como la distorsión que en su opinión ocasiona esta medida entre el personal laboral y funcionario. "No es buen acuerdo", dijo Portella. Por su parte, los socialistas pidieron al gobierno popular que dijera los nombres y cargos de los trabajadores que serán despedidos el próximo año, "porque ya lo sabe y porque la plantilla tiene derecho a saberlo".
El concejal de Recursos Humanos insistió en que es un acuerdo consensuado con los sindicatos, que es una medida justa y un pacto lo menos lesivo posible. Asimismo remarcó que hoy por hoy es imposible que el Ayuntamiento pueda comprometerse a que no haya despidos, y que el convenio recién firmado es un primer paso para que sean los mínimos.
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