Ciutadella no ha perdido el tiempo y cuando se publica en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, el convenio de colaboración entre el Consorcio para la legalidad urbanística en suelo rústico y el Ayuntamiento, el equipo de gobierno ya ha impuesto sanciones por valor de 36.000 euros por infracciones en este tipo de suelo.
"Cuando nosotros llevamos a pleno la salida del Consorcio ya teníamos todo organizado para poder absorber el trabajo", asegura Ramón Sampol.
El segundo teniente de alcalde y concejal de Urbanismo en el Consistorio ciutadellenc explica que el convenio firmado ha supuesto la entrega de una serie de expedientes que estaban abiertos y que "ya se está trabajando en ellos". Así, en el Área de Urbanismo se ha comenzado a revisar cada uno de los expedientes y a seguir su tramitación desde el punto en el que estaba una vez se adoptó la decisión de salir del ente consorciado.
En este sentido, el propio convenio distingue tres situaciones. La primera de ellas se refiere a las actuaciones detectadas en el término municipal que no han sido objeto de apertura de ningún tipo de procedimiento. Según consta en el convenio, en este apartado están pendientes 15 actas de oficio con informe técnico, ocho denuncias con acta e informe técnico y cinco denuncias.
La segunda de las situaciones se refieren a los procedimientos relativos a infracciones detectadas a fin de promover el restablecimiento de la legalidad urbanística y sancionadores, entre los que hay incoados pendientes de resolución (siete de 2009, 14 de 2010 y 14 de 2011) y finalizados y pendientes de ejecución (siete de 2009 y 8 de 2010).
Finalmente, existen también recursos administrativos pendientes de resolver o interpuestos, entre ellos dos contenciosos que se siguen ante el Juzgado Contencioso-Administrativo número 3 del Palma de Mallorca.
En todos los casos, según el pacto alcanzado, será el Ayuntamiento quien se encargue de la tramitación de los expedientes, así como de la continuación como nuevo sujeto pasivo de los recursos y acciones jurisdiccionales que se puedan plantear o se hayan planteado, asumiendo en este caso la totalidad de los gastos que se originen por esta razón, así como, aquéllos que ya se hayan originado.
"Ellos al salir desautorizan la competencia de este ente y recuperan todas las atribuciones que le habían cedido", puntualiza Cristóbal Huguet. El conseller de Ordenación del Territorio subraya que con este convenio el Consorcio "de entrada, evita trabajo de recorrido, toda la labor que se desarrolla para detectar las infracciones, y también de tramitación, aunque desde el punto de vista estadístico hasta que no haya pasado más o menos un año no podremos saber cómo repercute en la dinámica del ente".
Este trabajo corresponde ahora al Consistorio que se centra, según argumenta Sampol, no sólo en retomar los expedientes caducados- que se han reabierto- o en fase de instrucción, lo que implica ir notificando progresivamente a los interesados el cambio de instructor, sino también en la imposición de las sanciones- para los expedientes que estaban más avanzados- y en la detección de nuevas infracciones- "Desde octubre ya hay inspecciones de oficio y se pueden recibir denuncias", apostilla el concejal.
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