Nuevo edil. Jaume Florit Moll tomó posesión como concejal del PSOE en sustitución de Antoni Anglada - Paco Sturla

Nuevo edil. Jaume Florit Moll tomó posesión como concejal del PSOE en sustitución de Antoni Anglada - Paco Sturla

L.B.Ciutadella11/11/11 0:00
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El Ayuntamiento de Ciutadella sigue en pie de guerra para que no se pierda el control público de los nuevos amarres del puerto. Es la opción política unánime. UPCM fue más allá en el pleno de anoche al solicitar que los pantalanes se municipalicen, es decir, que los gestione directamente el Consistorio. Este extremo fue rechazado por el PP y el PSOE, con la abstención del PSM, al considerar inviable que el Ayuntamiento asuma nuevas competencias. En este punto, Joan Triay defendió que "se trata de asumir unas competencias que en este caso no son deficitarias". Entre el público, destacaron representantes de algunas de las entidades vinculadas al puerto. El alcalde recalcó que "seguiremos defendiendo que sea Ports que gestione los amarres". Y apuntó que, de momento, el Govern asumirá la gestión "al menos hasta junio" y que la única lista de espera que contará será la de Ports, por lo que se plantea la incógnita sobre la otra lista que gestiona el Club Nàutic Ciutadella. Pilar Carbonero (PSOE) lamentó "el poco caso que está demostrando el Govern con las decisiones del pleno y la opinión de las entidades, porque nadie ha pedido que el puerto se privatice".

El pleno de anoche también aprobó el recorte en un 15 por ciento de las aportaciones del Ayuntamiento a los partidos políticos con representación municipal. Una propuesta que defendió la concejal Francisca Marquès (PP) y que representará un ahorro de 8.791 euros en el presupuesto del año que viene. La medida del Grupo Popular contó con los votos favorables de UPCM y el PSM, mientras que el PSOE se abstuvo al considerar que "pese a que estamos a favor ya se había alcanzado un acuerdo con el 'cartapacio' municipal el pasado 30 de junio y no debería hacerse política con las retribuciones", afirmó Carbonero.

Por otro lado, el equipo de gobierno del PP dio el visto bueno en solitario a la aprobación inicial de la ordenanza para la inspección técnica de edificios de más de 50 años. PSOE, PSM y UPCM se abstuvieron en la votación y manifestaron sus dudas sobre el contenido de una ordenanza de obligado cumplimiento para los municipios de más de 25.000 habitantes. El PSOE solicitó coordinación con el Ayuntamiento de Maó y el Consell y los colegios técnicos para abaratar un nuevo coste para el ciudadano. Joana Gomila (PSM) también apuntó la necesidad de líneas a las que puedan acogerse los propietarios obligados a la inspección, así como UPCM expresó dudas sobre su puesta en funcionamiento.